Tesis inverosímiles. Sospechosos que gozan de una libertad desconcertante. A continuación, la segunda parte de la pesquisa sobre uno de los casos de desaparición más complejos en la historia de Chile.

Por Sebastián Alvarado Fuentes

La segunda investigación de la PDI estuvo a cargo del comisario Héctor Arenas, quien fue enviado directamente a la zona por orden de Nelson Mery. Arenas era conocido por su rol en la resolución de casos mediáticos, como el homicidio de Marcela Casanueva Labra. A diferencia de Ovalle, situó la agresión contra Coke en el estacionamiento de La Cucaracha. El motivo: una riña por un malentendido con Óscar Araos y su pandilla de amigos (Carlos Alarcón, Jaime Rojas, Ignacio del Río, Federico Homper, Cristián Herrera y Jorge Bañados), quienes estudiaron en un colegio cercano al lugar donde fueron encontradas las osamentas. Ellos habrían perseguido a Coke hasta alcanzarlo y golpearlo hasta la muerte. Luego, lo habrían trasladado en una camioneta hasta Santa Juana para arrojar su cuerpo al río. Durante el camino, uno de ellos intentó llamar a la policía, lo que quedó registrado por la antena por la que entró la llamada.

Habiendo perpetrado el delito, según la tesis de Arenas, el grupo habría realizado una serie de acciones para confundir la investigación policial, como si estuvieran siendo asesorados por alguien con interés, conocimiento o experiencia en el tema. Entre esas acciones, estaría volver a la discoteca para provocar otra pelea y así confundir los testimonios sobre ambas, así como dirigirse al Puente Juan Pablo II para marcar huellas de manos en una de las barandas, simular que alguien estuvo colgando y después tirar el cuerpo al mar, dando a entender que Coke cayó borracho o tuvo un conflicto en ese lugar y no en la discoteca.

La tesis del comisario se basaba en que, al ser entrevistados, los jóvenes tenían conocimiento de la desaparición de Jorge Matute, lo que justificaron diciendo que la vieron en televisión. Sin embargo, cuando afirmaron aquello la desaparición todavía no se había hecho pública. Por otro lado, la versión de Araos y sus amigos era similar de una manera fuera de lo común, lo que llevó a sospechar a las autoridades de que se habían puesto de acuerdo. Por último, durante la noche de la desaparición de Coke Araos entraba y salía de la discoteca para, según estableció la jueza Flora Sepúlveda, hablar con Bruno Betanzo.


[Reportaje] Un enigma llamado Jorge Matute. Primera parte: cuando la puerta no se debe cerrar


Por lo mencionado, a lo que se sumó la versión de una testigo llamada Daniela Leefhelm que después se desdijo y culpó al abogado Saeger de inducir sus palabras, la pandilla fue procesada por obstrucción a la justicia. Sin embargo, más tarde se la liberó de los cargos debido a modificaciones en el código penal que los favorecieron, y no por demostrarse su inocencia o su culpabilidad.

Durante todo el proceso, y hasta hoy, Cristián Araos, hermano del líder de los imputados, no solo ofició de portavoz oficial del grupo ante la prensa, sino que se dedicó a esparcir teorías por internet, en base a amplificaciones de la tesis de Ovalle; algunas bastante descabelladas, en tanto asumen como reales antecedentes descartados desde el comienzo de la investigación. En ocasiones, fue agresivo y cruel con la familia Matute Johns, sobre todo con la madre. Llegó a decir en vivo que, para él, las «pelotudeces» que ella afirmaba eran «matutadas».

Otro hecho relevante es que la familia Araos contrató a Jorge Barraza, extorturador de la CNI y comisario de la PDI devenido detective privado, conocido por ayudar a la UDI a que Jovino Novoa no fuera imputado por el caso Spiniak. Barraza preparó un informe que reforzaba la tesis de Ovalle y, fiel a su estilo, utilizó a la prensa para promocionarla. Jaime Rojas, por su lado, contrató a Jorge Menchaca Pinochet, abogado consanguíneo del dictador Augusto Pinochet.

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Según el comisario Arenas, esta tesis se apoya en un conjunto de llamadas anónimas. Una, que se hizo a la madre de Coke y que supuestamente fue grabada y entregada al teniente de Carabineros Marcelo Vilches, apunta a que un jeep, cuya patente lo identifica como propiedad del padre de Óscar Araos, fue visto trasladando el cuerpo de Jorge Matute en dirección a Santa Juana. En una declaración para la Revista NOS, el padre de Araos confirmó que tenía ese automóvil, pero que era imposible que lo manejara, porque cuando sucedió el crimen lo tenía en otra región y él se encontraba en Inglaterra, aunque, según Arenas, lo manejaba Cristián Araos. Pero, en un reportaje de TVN, este último sostiene que ese tipo de jeep no existía en la época. ¿Por qué, entonces, su padre admitió otra cosa?

Tal vez hubo otra llamada anónima advirtiendo a la novia de Coke que había pasado algo. Para que esta llamada fuera posible, eso sí, el hecho tuvo que ser visto por más personas que los victimarios, lo que refuerza la hipótesis de una paliza grupal.

Otra arista es la relativa al exsacerdote Andrés San Martín, quien de la nada fue a la casa de la madre de Coke para ofrecer su ayuda espiritual y, durante una misa en la que ella estaba presente, dijo que hubo personas que «secuestraron un muerto», pero que no podía revelar nada por ser secreto de confesión, todo esto antes de que se hallara el cadáver. Si bien los Araos refutaron públicamente sus dichos, el sacerdote era cercano a Mario Quiroz Neira, familiar de ellos, quien tuvo contacto con Teresa Matute a través de un seminario de la iglesia. Mario, un trabajador social homosexual, trabajó 15 años en la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, mismo recinto donde el padre de Bruno Betanzo, de profesión odontólogo, hacía clases, aunque a la fecha del crimen se encontraba trabajando en la Facultad de Ciencias Sociales. Aunque fácil de encontrar, este antecedente nunca ha sido mencionado en ninguna pieza periodística hasta hoy.

El comisario Arenas ha señalado en televisión que él es el del secreto de confesión. Sin embargo, y luego de acercarse a la madre de Coke, Quiroz apareció calcinado al interior de un vehículo en una playa de Ramuntcho, lo cual fue catalogado como un suicidio.

Playa de Ramuntcho, en la Provincia de Concepción, donde Mario Quiroz fue hallado calcinado en abril de 2000 | Tripadvisor

Cabe destacar el rol de Cristián Araos en el caso, en el sentido de aprovechar el acceso de su familia a la carpeta investigativa para llevar a cabo una campaña mediática que permitió sembrar dudas sobre la culpabilidad de sus allegados, a través de múltiples páginas en internet y perfiles en redes sociales. Además dio entrevistas en televisión que ayudaron a amplificar la tesis de Ovalle, relevado del caso gracias a su interferencia, y a popularizar la leyenda de una conspiración que involucraba a policías y autoridades de gobierno. Estos perfiles de internet llevan años atacando al comisario Arenas y a la magistrado Flora Sepúlveda. Parece el único caso en la historia del país donde los acusados, a partir de una vocería narcisista, han tenido tamañas oportunidades de ensuciar una resolución. Podría suponerse que el objetivo era hacer el máximo ruido posible para, así, entorpecer la posibilidad de escuchar la verdad.

Golpizas y cuchilladas: otros hechos relevantes

El 20 de noviembre de 2000, Bruno Betanzo fue sorprendido junto a su pareja destruyendo una gigantografía de Coke. Se dio a la fuga. De igual manera, fue detenido. A pesar de haberse interpuesto una querella en su contra por parte de la familia Matute, no le pasó nada, como ocurrió durante todo el caso. En 2004 tuvo una discusión con autoridades en una localidad de la comuna de Antuco, cerca del paso fronterizo con Argentina. Fue el mismo año en que se encontró el cuerpo de Jorge Matute.

Óscar Araos y Cristián Herrera protagonizaron una riña en la discoteca Katanga de Concepción, también en 2004. Fernando Torres declaró que, después de una discusión, cuando se dirigía a su casa, apareció repentinamente una camioneta con jóvenes que se bajaron a golpearlo.

Pese a protagonizar esta riña, Óscar Araos recibió permiso judicial para viajar a España en 2004, a pocos meses del hallazgo de las osamentas de Jorge Matute. Según él, necesitaba viajar por estar triste tras el término de una relación amorosa.

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El magistrado Jaime Solis, reemplazante de la ministra Sepúlveda, tuvo que inhabilitarse del caso, porque su yerno, Farid Harum, quien estuvo en La Cucaracha la noche de la desaparición, también era amigo del grupo de Araos.

Jorge Bañados, uno de los procesados por obstrucción, en el momento de los hechos vivía en el sector de Idahue, al comienzo del camino a Santa Juana, cerca de donde fue encontrado el cuerpo.

Aldo Lillo Parra, cabo de la prefectura de Ñuble, estuvo investigando durante dos años si había relación entre Carabineros y traficantes de droga. Después de entregar los antecedentes, el entonces capitán Jorge Salas Eljatib supuestamente le habría dicho, en tono de amenaza, que iba a terminar como «el sapo de Coronel», en referencia a que el cabo Marco Martínez fue asesinado por sus pesquisas.

En 2002, el universitario James Emmot apareció muerto en una zona de baja profundidad del río Cau Cau. La investigación determinó que los potenciales responsables eran el staff del cabaret La Zulema de Valdivia, en razón de una pelea por celos con Sergio Guzmán, pareja de la dueña del lugar. Según dijo este último al programa Enigma de TVN, él no frecuentaba el cabaret de noche y que de día iba solo a veces. La dueña, su pareja y otras personas fueron procesadas y condenadas por la muerte del joven, pues habían testigos que decían haber visto la pelea y cómo se llevaban el cuerpo en una camioneta. Sin embargo, luego salieron en libertad, gracias a, entre otras cosas, la declaración de Cristián Araos, quien, convertido en psicólogo forense, fue testigo de la defensa y declaró que, probablemente, el joven caminó voluntariamente al agua y se ahogó por ebrio. Años después, Guzmán sería asesinado a cuchilladas de madrugada al interior del cabaret que supuestamente no frecuentaba de noche.

Mario Rojas, hijo de la jueza Flora Sepúlveda, en 2009 acusó a Cristián Araos de ser un «traficante de mentiras» por haber declarado que la ministra tenía algún tipo de relación con Bruno Betanzo y su familia.

Sebastián Alvarado Fuentes es licenciado en Lingüística y Literatura con mención en Literatura por la Universidad de Chile y profesor de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Católica, además de magíster en Letras de la misma casa de estudios. Actualmente, cursa el programa de Doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona

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