La supervivencia del orden internacional no solo dependerá del equilibrio entre el poder militar y la diplomacia, sino también de la capacidad de los Estados para reconocer los límites éticos, políticos y humanos del armamento nuclear.
Por Ahiram Rivas
“Si no terminamos con la guerra, la guerra terminará con nosotros” – H.G. Wells
Herbert George Wells fue un escritor británico ampliamente reconocido por sus obras de ciencia ficción, como La guerra de los mundos y La máquina del tiempo. Sin embargo, más allá de la literatura especulativa, y en la búsqueda de una prospectiva imaginaria, se preocupó profundamente por el futuro de la humanidad en un mundo marcado por los conflictos bélicos. Tras analizar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la creciente carrera armamentista de su tiempo, percibió con temor que la supervivencia de la civilización dependía de la capacidad del ser humano para superar la violencia sistematizada mediante la cooperación, la ciencia y la razón.
Hoy vivimos una gran incertidumbre ante las relaciones internacionales. Nuevamente, se hace presente el temor al armamento nuclear, retomado por las grandes potencias como instrumento disuasivo ante una eventual escalada de conflictos, un debate que se consideraba superado desde la crisis de los misiles de 1962. Tras el fin de la Guerra Fría se creía que el riesgo de una confrontación nuclear se desvanecía junto con los bloques ideológicos, pero los últimos eventos globales parecen demostrar lo contrario. Los discursos de políticos mencionando la posesión y posible empleo como una retórica disuasiva, el rearme silencioso de algunos Estados y la fragilidad de los tratados para controlar las armas nucleares han reinstalado en el centro del análisis estratégico la posibilidad del uso de las armas de destrucción masiva.
Desde la óptica del realismo político, doctrina que ha moldeado buena parte del pensamiento estratégico occidental, los Estados actúan guiados por la lógica del poder, la seguridad y el temor a la vulnerabilidad. Teóricos como Morgenthau y Waltz sostienen que, ante la ausencia de una autoridad internacional efectiva, cada nación debe procurar su propia sobrevivencia, por lo cual no es de extrañarse que algunos de ellos recurran a medios extremos. Este enfoque permite comprender por qué, incluso en tiempos de estabilidad relativa, algunos países siguen apostando por mantener o desarrollar arsenales nucleares.
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En cambio, el idealismo inspirado en Kant y formalizado en propuestas como los Catorce Puntos de Wilson plantea una narrativa distinta. Esta corriente sugiere que la cooperación entre Estados, el fortalecimiento de los organismos multilaterales y el respeto a las normas compartidas pueden reemplazar la lógica de la fuerza. Instrumentos como el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares de 1968 y el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares de 2017 reflejan esta aspiración normativa. Desde esta perspectiva, las armas nucleares no representan una garantía de paz, sino lo contrario: una amenaza persistente a la supervivencia de cualquier forma de vida en el planeta.
La paradoja es que ambos enfoques no son mutuamente excluyentes. La mayoría de los Estados operan en una zona gris entre el pragmatismo del poder y el ideal que representa lo legal. Estados Unidos, por ejemplo, es el único país del continente americano que, además de mantener un arsenal nuclear activo, busca modernizarlo para una disuasión en defensa de sus intereses nacionales. Sin embargo, también fomenta la participación de otros Estados en foros sobre desarme nuclear. China, aunque proclama una política de no primer uso, ha duplicado su número de cabezas nucleares en la última década. Rusia, por su parte, ha incorporado la amenaza nuclear en su lenguaje diplomático con una naturalidad alarmante.
En este entramado de intereses, capacidades y doctrinas, América Latina se muestra con una compleja pero unificada decisión positiva. A excepción de Cuba, que carece de la fortaleza económica necesaria para emprender una carrera armamentista nuclear, la región ha optado por una estrategia de neutralidad que no solo se expresa en declaraciones diplomáticas, sino que se traduce en un régimen jurídico sólido. El Tratado de Tlatelolco, firmado en 1967 y aún vigente, constituye uno de los acuerdos más avanzados en materia de desnuclearización regional. Lejos de ser un gesto simbólico, este tratado dio origen al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) con objeto de asegurar el cumplimiento de lo pactado. El carácter pionero del tratado radica también en su diseño institucional: es el primero en establecer funciones de verificación, supervisión y promoción de la no proliferación. Esta estructura dio viabilidad y permanencia al compromiso asumido. Trascendió gobiernos y coyunturas, y se convirtió en un modelo replicado en otras regiones del mundo, como África y el sudeste asiático.
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Del mismo modo, el tratado respondía a una voluntad política de proyectar a América Latina como un actor comprometido con el derecho internacional y el multilateralismo. No se trataba solo de prevenir un riesgo militar, sino también de construir una identidad geoestratégica basada en principios normativos y éticos. En ese sentido, el Tratado de Tlatelolco sentó las bases para una diplomacia regional más activa en los temas de desarme y no proliferación que se ha mantenido hasta la actualidad.
Los motivos del tratado fueron múltiples. Por un lado, se encontraba el interés de evitar que América Latina se convirtiera en un campo de batalla indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por otro, estaba la necesidad de preservar la autonomía regional frente a presiones externas para establecer bases o instalaciones nucleares. También influyó el creciente desarrollo de capacidades nucleares civiles en países como Argentina y Brasil, lo cual generaba sospechas y rivalidades tecnológicas entre vecinos. La idea de crear una zona libre de armas nucleares fue una propuesta audaz, especialmente en un momento en que la carrera armamentista global se encontraba en plena expansión y la seguridad de América Latina no podía depender de la lógica de la disuasión entre superpotencias, sino que debía construirse a partir de una arquitectura propia de paz.
Cabe destacar que esta actitud no ha sido siempre evidente ni exenta de tensiones. Durante los años setentas y ochentas, tanto Brasil como Argentina desarrollaron programas nucleares con fines ambiguos. No obstante, ambos países decidieron poner fin a esta competencia tecnológica y suscribieron acuerdos que los consolidaron como actores comprometidos con la no proliferación. Esta decisión fue técnica y, a la vez, estratégica: buscaba influencia internacional desde el podio de la responsabilidad, no desde la amenaza.
La coherencia de América Latina en este ámbito le ha valido reconocimiento internacional y le permite proyectarse como un actor normativo en escenarios multilaterales. Su experiencia puede servir de referencia para otras regiones que hoy enfrentan dilemas nucleares, desde la península de Corea hasta el Medio Oriente. En lugar de apostar por la disuasión, América Latina ha demostrado que es posible construir seguridad sobre la base de la cooperación, la transparencia y el derecho.
Si bien la amenaza nuclear se consideraba un obstáculo sorteado en las guerras modernas, ahora resurge en el marco de nuevos conceptos abordados por las doctrinas militares del mundo, como el empleo de la Inteligencia Artificial y el dominio de la guerra en el ciberespacio, ambos con posibilidades infinitas de aplicación: escenarios hipotéticos como los ciberataques a sistemas de defensa nuclear y la automatización a respuestas defensivas forman parte de las interrogantes de los mandos militares. Por lo tanto, el compromiso regional con la no proliferación adquiere aún más valor cuando la racionalidad humana es reemplazada progresivamente por algoritmos. Mantener el control político y ético sobre estas armas estratégicas no solo es prudente, sino también urgente.
La participación de Estados Unidos en el enfrentamiento directo entre Irán e Israel plantea enormes desafíos estratégicos. Junto con desestabilizar aún más Medio Oriente, revive el debate sobre el rol de las potencias nucleares en conflictos regionales. En este contexto, la disuasión no convencional —basada en presencia militar, sanciones, alianzas y tecnología— sigue siendo una de las herramientas principales empleadas por la Casa Blanca, que no necesariamente se encuentra exenta de riesgos de escalada no intencional. En otras palabras, Estados Unidos ha expresado que no permitirá que Irán se convierta en una potencia nuclear. Por ello, mantiene el envío de fuerzas militares al Golfo Pérsico, los patrullajes con países aliados, los ejercicios de defensa antimisiles y el refuerzo de sus capacidades en la región.
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En los últimos años, los incidentes se han intensificado a través de asesinatos selectivos de científicos iraníes, sabotajes cibernéticos a instalaciones nucleares y una retórica cada vez más agresiva entre Tel Aviv y Teherán. A esto se suma la posición ambigua de algunos actores regionales como Arabia Saudita, que ha insinuado la factibilidad de desarrollar sus propios programas nucleares en caso de que Irán cruce el umbral atómico.
Este conflicto ha sido un punto focal para la comunidad internacional. Se puede considerar que el Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 entre Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Irán, Reino Unido y Rusia, es un intento significativo de frenar el avance del programa nuclear iraní y otorgar, a cambio, la suspensión de las sanciones económicas en su contra. Pero la retirada unilateral de Estados Unidos de este acuerdo en 2018, durante la primera administración de Donald Trump, reavivó las tensiones y tuvo como resultado que Irán retomara sus programas nucleares y superara los límites pactados de posesión de uranio.
Por ello, el conflicto israelo-iraní constituye uno de los escenarios más delicados y complejos en términos de disuasión nuclear y amenaza latente. Aunque Irán niega tener intenciones de desarrollar armas nucleares, sus programas han generado alarma a nivel internacional: sus acciones revelan lo opuesto a lo pactado. De igual forma, Israel mantiene una política de ambigüedad estratégica respecto a su propio arsenal nuclear —sin confirmarlo ni desmentirlo oficialmente— y percibe la posible nuclearización de Irán como una amenaza directa. Un error en la propia estrategia de defensa representa, en sí, la desaparición de su Estado.
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Por otro lado, las estrategias de seguridad nacional de las potencias nucleares reflejan tanto sus doctrinas militares como sus visiones del orden internacional. En su Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, Estados Unidos dijo que, a pesar de que sus fuerzas armadas siguen siendo las más poderosas, sus rivales se encuentran construyendo y modernizando sus fuerzas convencionales y nucleares, por lo que debe prevenirse que cualquier ataque QBRN —químico, biológico, radiológico y nuclear— tenga alcance en su territorio. En su Estrategia de Defensa de 2022, busca reafirmar su liderazgo global y destaca la disuasión integrada como eje central de su defensa bajo una combinación de fuerzas convencionales, nucleares y tecnológicas para disuadir a potencias rivales y a actores no estatales. Por su parte, Rusia adopta una visión de política exterior multidireccional dictada por sus intereses nacionales, advierte que busca eliminar los vestigios de la dominación estadounidense y otros Estados hostiles, y apoya la integración regional en Asia-Pacífico, América Latina, África y Medio Oriente. Su doctrina militar contempla el uso de armamento nuclear como respuesta a un ataque de esta índole, aunque también ante amenazas a su integridad nacional vía armas convencionales.
En la doctrina militar rusa, las capacidades convencionales no suplantan a las capacidades nucleares y viceversa. Más bien, una aumenta la utilidad de la otra. Los conceptos de disuasión rusa se ajustan para capitalizar la utilidad militar y el efecto disuasorio de las opciones convencionales y nucleares intercambiables. Este método de «escalar para desescalar» promueve la idea de elevar la categoría del conflicto como una medida disuasoria: Rusia amagará con el uso de armamento nuclear táctico para obligar a sus adversarios a detener un conflicto en curso.
Francia, a diferencia de Estados Unidos y Rusia, mantiene una postura más autónoma en materia de disuasión. Su estrategia nacional afirma que, para 2030, será nuevamente una potencia de equilibrio en el escenario internacional, capaz de afrontar crisis y garantizar la seguridad basándose en una capacidad de disuasión nuclear. Afirma, incluso, que será la piedra angular de su política de defensa, cuyo respaldo estará en sus fuerzas armadas convencionales, e insiste en que su arsenal nuclear está destinado a proteger los intereses vitales del país. También ha descartado políticas de disuasión extendida, como las adoptadas por Estados Unidos.
Estas diferencias también se reflejan en su política exterior y en su disposición a comprometerse con iniciativas de control de armamento. Estados Unidos ha oscilado entre el liderazgo multilateral y la retracción estratégica. Rusia ha sido más reacia al desarme en la última década. Francia ha mantenido una postura cautelosa pero abierta a tratados, siempre que no afecten su autonomía nacional. Por lo tanto, en el contexto actual los riesgos emergentes relacionados con el armamento nuclear adquieren una dimensión particularmente preocupante debido al rápido avance tecnológico y al aumento de la complejidad del entorno estratégico, como pudiera ser la introducción de Inteligencia Artificial en los sistemas de mando, a efectos de mejorar los procesos de automatización y control.
Aunque la automatización puede mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia operativa, siempre existirán el riesgo latente y un margen de error que, aunque en primera instancia parezca mínimo, pueda ocasionar una escalada al ser afectada por algún de ciberataque que provoque y modifique un algoritmo de análisis de riesgo, decisiones basadas en datos incompletos o simulaciones que malinterpreten una amenaza. Además, la falta de transparencia y la escasa regulación internacional sobre el uso de IA en sistemas estratégicos aumentan la incertidumbre global, lo cual sigue siendo motivo de discusión en los foros internacionales que proponen y pretenden normar su uso.
Otro riesgo que incrementa el peligro del armamento nuclear se relaciona con el desarrollo de proyectiles hipersónicos. Los sistemas que albergan este tipo de proyectiles reducen drásticamente el tiempo de detección y reacción de los radares existentes, lo que compromete la eficacia de las doctrinas tradicionales de disuasión. Ante la imposibilidad de confirmar con rapidez un lanzamiento, se corre el riesgo de tomar decisiones precipitadas sin espacio para analizar con detenimiento la situación y las posibles soluciones, alimentando escenarios de escalada involuntaria. Por ello, los proyectiles hipersónicos plantean desafíos técnicos y estratégicos considerables: sus trayectorias son impredecibles y su capacidad de evadir los sistemas actuales de defensa antimisiles rompen los equilibrios previos de defensa aérea.
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La ciberseguridad constituye también otra dimensión crítica. Las redes informáticas que sostienen los sistemas de alerta temprana, lanzamiento y comando nuclear son vulnerables a sabotajes y ataques de actores estatales y no estatales. Un ciberataque exitoso no solo podría comprometer la capacidad de respuesta de una potencia nuclear, sino también provocar confusión táctica, respuestas erróneas o incluso simulaciones que activen alarmas injustificadas. La creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas y la dificultad para atribuir responsabilidades en tiempo real convierten al ciberespacio en un nuevo campo de batalla cuyo empleo no se puede descartar en un conflicto nuclear.
El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TNP), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017 y en vigor desde 2021, representa un hito jurídico y simbólico en el esfuerzo global por abolir las armas nucleares. A diferencia del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TPAN), que busca limitar la expansión del armamento nuclear y reconoce legalmente a cinco potencias nucleares, el TNP persigue la prohibición total de estas armas con disposiciones sobre la no producción, adquisición, posesión, transferencia, uso o amenaza de uso de armas nucleares, además de establecer obligaciones para la asistencia a víctimas y la remediación ambiental.
Mientras el TNP establece un marco de control con obligaciones diferenciadas —las potencias nucleares deben avanzar hacia el desarme y los Estados no poseedores se comprometen a no adquirir armas nucleares—, el TPAN establece una prohibición universal sin excepciones. Este contraste ha generado tensiones diplomáticas. Los Estados con armas nucleares y sus aliados bajo el paraguas de disuasión extendida, como los miembros de la OTAN, han rechazado el TPAN por considerarlo incompatible con su seguridad. No obstante, para muchos Estados no poseedores, el TPAN representa un acto de justicia global y un avance moral en el derecho internacional.
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América Latina ha desempeñado un rol destacado en la promoción del TPAN, en coherencia con su tradición diplomática a favor del desarme. México ha sido uno de los principales impulsores del tratado en el proceso de negociación y ha sostenido en foros multilaterales que la existencia misma de armas nucleares representa una amenaza a la humanidad y una violación al derecho internacional humanitario. Afirma que el TPAN no contradice el TNP, sino que lo complementa y fortalece su pilar de desarme.
Brasil ha expresado un apoyo firme al TPAN, aunque con matices. Si bien participa en su promoción, enfatiza la necesidad de mantener canales abiertos con las potencias nucleares y reforzar los mecanismos de verificación del TNP. Chile ha suscrito y ratificado el TPAN y en múltiples ocasiones ha abogado en foros multilaterales por una mayor presión diplomática hacia el desarme total. Argentina, aunque ha firmado el TPAN, presenta una postura más cautelosa: mantiene un equilibrio entre su compromiso con la no proliferación y su aspiración a mantener autonomía estratégica en política exterior.
La región puede y debe aprovechar este capital moral para influir en la arquitectura de seguridad internacional. A través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), fundada en 2010 para promover la integración regional, el diálogo político y la cooperación económica, América Latina está en condiciones de liderar propuestas de desarme, control de armas emergentes y gobernanza tecnológica aplicada al ámbito militar. En lugar de convertirse simplemente en un mero espectador pasivo de la competencia entre grandes potencias, la región tiene la oportunidad de posicionarse como referente global en diplomacia preventiva.
El conflicto entre Irán e Israel ha tomado un giro decisivo con los eventos ocurridos en junio de 2025, particularmente tras la operación israelí «León ascendente», que combinó ataques aéreos, sabotajes cibernéticos y acciones directas contra instalaciones nucleares y altos mandos iraníes. Esta ofensiva fue interpretada por Teherán como una amenaza directa a su soberanía y aceleró la dinámica de confrontación en la región. Ante la imposibilidad de Israel para neutralizar completamente las instalaciones nucleares subterráneas de Fordow, Natanz e Isfahan, Estados Unidos intervino directamente con la operación «Martillo de medianoche», enmarcada en una estrategia de disuasión ofensiva y ataque preventivo. Washington desplegó bombarderos B-2 desde la base de Whiteman y submarinos clase Ohio desde el Golfo de Omán, con los cuales lanzó bombas penetradoras GBU-57 y misiles Tomahawk para degradar el programa nuclear iraní.
Esta intervención marcó un punto de inflexión: no solo consolidó la alianza entre Estados Unidos e Israel, sino que también envió un mensaje de poder y resolución estratégica al resto del sistema internacional, en un contexto donde la disuasión nuclear vuelve a ser central. La operación, sin embargo, no logró destruir completamente las capacidades nucleares de Irán, ya que informes de inteligencia revelaron que muchas centrifugadoras permanecieron intactas. En respuesta, Irán lanzó la operación “Anunciación de la victoria”, un ataque con 14 misiles balísticos sobre la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar.
Al momento de la publicación de este ensayo, los ataques mutuos continúan.
Desde una óptica crítica, la represalia buscó responder simbólicamente sin escalar el conflicto a una guerra total, por lo que esta dinámica de acción-reacción, contenida dentro de una lógica de disuasión controlada, demuestra cómo los actores estatales con capacidades balísticas y nucleares optan por estrategias limitadas que maximicen sus objetivos sin cruzar los umbrales que desencadenen un conflicto mayor.
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Desde la perspectiva de la seguridad internacional, estos eventos reflejan la complejidad de un entorno estratégico donde los intereses nacionales, la coerción y la percepción de amenaza se entrelazan. El caso iraní-israelí muestra que, incluso sin el uso explícito de armas nucleares, su mera existencia y posibilidad proyectada transforma las lógicas de confrontación convencional y la participación estadounidense en apoyo directo a su aliado. También reaviva las discusiones sobre el rol de las potencias nucleares en conflictos regionales y el equilibrio inestable que puede derivarse de la disuasión moderna.
A la luz de los acontecimientos recientes y de este análisis histórico y doctrinario, queda en evidencia que el regreso del armamento nuclear como instrumento disuasivo en las relaciones multilaterales no solo es una realidad, sino también un fenómeno profundamente complejo. Su presencia reconfigura el equilibrio de poder global, altera la toma de decisiones estratégicas y condiciona tanto las dinámicas de disuasión como las respuestas a amenazas reales o percibidas. La combinación entre estrategias clásicas de equilibrio de poder y nuevas tecnologías incrementa el riesgo de errores de cálculo con consecuencias catastróficas.
El conflicto entre Israel e Irán y la intervención de Estados Unidos evidencian que las armas nucleares continúan ejerciendo una influencia significativa incluso cuando no son empleadas directamente. Su capacidad para disuadir, escalar o limitar conflictos convierte a la disuasión en una herramienta viva y altamente sensible, sujeta a la interpretación subjetiva de los líderes y a los sistemas de percepción de cada actor. La incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y los vectores hipersónicos, multiplica los riesgos estratégicos y disminuye los márgenes de reacción.
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Frente a este escenario, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de revitalizar el multilateralismo, fortalecer los tratados existentes y generar nuevos mecanismos de confianza, verificación y diálogo estratégico. La reactivación de canales diplomáticos, sumada a un compromiso serio por parte de las potencias nucleares, podría evitar que la disuasión se convierta en una profecía autocumplida de destrucción. Del mismo modo, debe considerarse el papel clave de las regiones desnuclearizadas, como América Latina, para preservar el derecho internacional humanitario y servir como bloque normativo en favor del desarme.
Por ello, se resalta la postura de los países latinoamericanos, que ha reafirmado su compromiso histórico con la no proliferación y el desarme, promoviendo el TPAN y consolidando el legado del Tratado de Tlatelolco como modelo regional. Esta actitud no solo responde a principios éticos y jurídicos, sino también a una visión estratégica que privilegia la estabilidad, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de un orden internacional basado en normas. No obstante, estos países también enfrentan el desafío de hacer valer su postura en un entorno global donde las potencias nucleares imponen condiciones mediante la disuasión y la fuerza.
La supervivencia del orden internacional no solo dependerá del equilibrio entre el poder militar y la diplomacia, sino también de la capacidad de los Estados para reconocer los límites éticos, políticos y humanos del armamento nuclear. El retorno de este instrumento a la primera línea de las decisiones estratégicas globales debe ser abordado con una conciencia clara de sus implicancias y una voluntad decidida de construir un futuro basado en la cooperación y la seguridad compartida.
Ahiram Rivas es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica y máster en Estudios Operacionales por la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de EE.UU.
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