Testigos que mueren en circunstancias extrañas. Documentos clave que se pierden sin dejar huella. En medio de todo eso, un joven cuya desaparición, más de un cuarto de siglo después, aún no se aclara. Aquí, la primera entrega de un exhaustivo reportaje dedicado al caso, el mismo que una polémica serie en Netflix reflotó este año, pese a la oposición de la madre de la víctima.

Por Sebastián Alvarado Fuentes

Recuerdo que cursaba la educación básica cuando apareció en las noticias la desaparición de Jorge Matute Johns. Mis padres criticaron que —en ese tiempo— se esperaran 48 horas para que la policía comenzara la búsqueda por presunta desgracia, que aquello les otorgaba el tiempo a los victimarios para ocultar el cuerpo y ponerse de acuerdo en sus coartadas. También recuerdo la impresión que me produjo el rostro de dolor de sus familiares, sobre todo de su madre. Como muchos de los que nacieron a fines de los ochenta, crecí esperando que se resolviera aquel caso, que las investigaciones policiales tuvieran resultados. Pese a lo que duró el proceso y a la cantidad de información disponible, esto nunca pasó. Nadie fue declarado culpable por el asesinato de aquel joven de la Villa Spring Hill de Concepción. A lo más que se pudo llegar es a una teoría vaga —en los múltiples significados del término— que solo ha servido para tranquilizar a personas alguna vez señaladas como sospechosas y para que una funcionaria se posicionara a través de la tribuna que le otorgaron los medios.

Creo haber visto y leído todo lo que está disponible sobre el caso: libros, reportajes, artículos, documentales, segmentos de matinales. Tomando apuntes, me he dado cuenta de que la información siempre se expone de manera parcelada o simplificada, obviando detalles importantes o antecedentes que, si bien pueden no ser directamente relevantes, sirven para comprender el contexto, el tipo de mundo en el que todo sucedió. Esta crónica expone las falencias históricas de nuestra justicia y la podredumbre moral que, en muchas ocasiones, rodea al conjunto de involucrados en crímenes de alto impacto.

¿Qué pasó?

Los hechos son los siguientes: Jorge Matute, un estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Concepción conocido como Coke, se reunió con su amigo Gerardo Roa y las hermanas María José y María Paz Maldonado para dirigirse juntos a la discoteca La Cucaracha. El grupo partió en un auto, dentro del cual fueron bebiendo pisco con bebida desde una botella de plástico, la que, al llegar, escondieron entre las ruedas del mismo. Arribaron al lugar alrededor de las 2:00 horas. Antes de ingresar, se quedaron compartiendo aproximadamente media hora.

La discoteca, que no contaba con patente ni permiso de ningún tipo para funcionar, era propiedad del médico y arquitecto Bruno Betanzo, sobrino del senador radical Ricardo Navarrete, nombrado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet subsecretario de la PDI, así como amigo del abogado Fernando Saeger, conocido defensor de Colonia Dignidad, del exsocio de Claudio Spiniak Jorge Rabié y de personeros de la dictadura cívico-militar como Lionel Beraud, juez ligado a la persecución de la oposición al régimen de Pinochet y a la red de protección de Paul Schaefer.

Gracias por leer Artefacto. Suscríbete al canal en WhatsApp y recibe gratis todo nuestro contenido directamente en tu teléfono

La noche que Coke fue a La Cucaracha se realizó un evento del Colegio de Abogados que contó con un desfile de modas. Asistió, junto a un hombre de nombre Juan Mondaca —según una primera declaración de este—, la esposa del subprefecto de Investigaciones Carlos Stuardo. El subprefecto pasó esa misma noche en un motel vecino, al parecer por asuntos personales. Otro joven presente, junto a su grupo de amigos, fue Óscar Araos Díaz, hijo del ingeniero civil y empresario Óscar Araos Guzmán, uno de los condenados por fraude al Fisco en el caso MOP-Gate. Óscar, un cliente asiduo, mantenía buenas relaciones con Betanzo y los guardias, y hasta podía ingresar gratis al local. Esa noche, sin embargo, no estaba contento, ya que no le gustaba, por su manera de vestir, el tipo de gente que había en el lugar: después del desfile, hubo una fiesta techno. Otro asistente y amigo de Araos fue Harim Farum, futuro yerno del ministro del Poder Judicial Jaime Solís Pinto. Otro fue Nelson Ortiz, sobrino del entonces diputado de la DC José Miguel Ortiz.

La dinámica de la noche, al menos según el grupo de amigos, fue la de bailar y salir a beber la botella que tenían escondida en las ruedas del auto de Gerardo Roa. Eso hasta que Coke, cerca de las 3:15 horas, se separó de sus amigos, pues no tenía interés romántico por ninguna de las dos jóvenes. Cuando María José Maldonado se dirigió al baño poco después, alguien le dijo: «A tu amigo, el chiquitito que anda pintando el mono, le van a pegar». Ella luego se encontró con Coke, que estaba bebiendo un trago: no tenía dinero; Roa le tuvo que ayudar a pagar la entrada. Le preguntó si estaba bien, a lo que Matute respondió: «No pasa nada». Luego, alrededor de las 3:30 horas, según el informe de la ministra Sepúlveda, un joven de nombre Sebastián Tippmann vio a Coke en la puerta de salida del local.

Alrededor de las 4:30 horas, Gerardo Roa comenzó a buscar a Jorge, pero no lo encontró. Sin embargo, se encontró con que, cerca de las puertas de ingreso, los guardias tenían un problema con un sujeto, al que redujeron y trasladaron a los baños. Roa alcanzó a percatarse de que este tenía una camisa celeste, como la que tenía su amigo. A continuación, dijo a las hermanas Maldonado que se sentía ebrio y que se iría solo. No obstante, a las hermanas les llamó la atención que manejara sin problemas.

Durante el transcurso de los hechos, Óscar Araos y su pandilla armaron peleas dentro y fuera de La Cucaracha, supuestamente por celos amorosos contra un tipo apodado el Artesano. Según el grupo, todo fue organizado por Araos. También quedó claro que, después de los altercados, la mayoría de la noche los jóvenes se quedaron en un sector oscuro, aledaño al local, y que Araos en alguna ocasión entró para hablar con Bruno Betanzo. Más tarde, ante la ministra Sepúlveda ocultaría ese hecho.

A las 4:30 horas, los guardias decidieron cerrar la discoteca, aunque acostumbraban cerrar más tarde.

A la mañana siguiente de la desaparición, alrededor de las 9:00, Gerardo Roa llamó varias veces a la casa de Jorge y, preocupado, preguntó a Álex, su hermano, si Matute había regresado de la discoteca. Acto seguido, llamó con voz llorosa a una de las hermanas Maldonado para preguntarle si sabía algo. Hizo lo mismo con Carabineros y centros asistenciales. Nunca, hasta hoy, ha explicado el motivo de su preocupación.

También a la mañana siguiente de la desaparición, hay registro de una llamada de Bruno Betanzo a la casa del abogado Fernando Saeger. Dos días después, Saeger buscó a la familia de Coke y se ofreció a representarlos de manera gratuita en el proceso. Tres días después, Roa realizó tres llamadas a Carabineros, a distintas horas del día. Dos fueron al OS7, el Departamento de Drogas de la institución.

En el curso de esa misma mañana, Cinthia Otárola, la novia de Coke, dijo que recibió un llamado anónimo según el cual a su pareja le habían hecho algo, aunque posteriormente declararía no haber recibido aquel llamado, según información publicada por el periodista Carlos Basso.

También estamos en Telegram. ¡Empieza a seguirnos ahora!

¿Cómo fueron las investigaciones?

En un comienzo, las investigaciones estuvieron al mando de la ministra Flora Sepúlveda. Las primeras pesquisas de carabineros fueron dirigidas por el mayor José Luis Aguilera Díaz, quien poco después, sería condenado por un asesinato cometido durante la dictadura y sindicado como parte de la red de protección del empresario pedófilo Claudio Spiniak. Durante el poco tiempo que duró su investigación, el mayor Aguilera constató dos hechos relevantes: primero, el hallazgo de una boleta, cuya dirección era a media cuadra de la casa de los Matute Johns, fechada el día en que Coke asistió a la disco; luego, el hecho de que, cuando interrogó a Marcelo Ramos, apodado el Oso, un guardia de La Cucaracha, este último comenzó a quebrarse, entró en crisis y se arrinconó en una esquina de la habitación del interrogatorio, lo que fue interrumpido por el capitán Rodrigo Hermosilla. Tras estos hechos, fue relevado del caso. Según su versión, expuesta en una entrevista televisiva, esto pasó porque se estaba acercando a la verdad: alguien que presuntamente fue parte de una red de corrupción acusaba la existencia de una red de corrupción.

Las primeras pesquisas de la policía civil fueron llevadas a cabo por el prefecto Carlos Stuardo, quien, a través de Juan Mondaca, se enteró de la eventual existencia de un grupo de depredadores dedicado a drogar jóvenes para aprovecharse de ellos. Se comprobó la existencia de estas personas y su modus operandi, pues se identificaron y se les tomó declaración a algunas de sus víctimas. Mondaca, ya en la categoría de testigo protegido, apuntó, entre otros, a Saúl Mendoza, un afamado diseñador de la zona, aunque luego declaró que no asistió esa noche al desfile y que inventó por despecho la acusación contra Mendoza.

Años después, pese a haber mentido, terminaría por convertirse en el principal testigo de la mediocre tesis que cerraría el caso sin culpables.

Por otro lado, las jefaturas de Stuardo tomaron conocimiento de que estuvo en un motel aledaño de La Cucaracha la noche de los hechos, por lo que terminó siendo relevado del caso. En lo personal, me parece inconcebible que el subprefecto se haya enterado de que existía una banda de violadores y que se haya ido tranquilamente para su casa sin hacer el menor ruido. ¿No se podía oficiar una investigación paralela? ¿Intentó detener a esa gente o la dejó seguir en lo suyo con total impunidad?

Las siguientes pesquisas de Carabineros estuvieron a cargo del mayor Luis Andrés Ovalle, quien, siguiendo la línea de su predecesor, enfocó su investigación en el staff de La Cucaracha, pero también asumiendo la posibilidad de que traficantes y policías corruptos estuvieran involucrados en el crimen. La tesis de Ovalle era que Coke intentó un acercamiento con Carmen Sereño, pareja de Bruno Betanzo; que, por órdenes de este último, los guardias lo golpearon; y que el Oso terminaría quitándole la vida, lo que provocó que se activara la red criminal de la que formaba parte Betanzo para ocultar lo sucedido.

Antes de las últimas reformas penales, todos los involucrados en un crimen, eran condenados como culpables en un mismo grado, más allá de su participación.

En su momento, dos testimonios sostenían el relato del propio Gerardo Roa, el cual, después de solicitar a la ministra Sepúlveda asistencia para recordar, pues decía haber estado demasiado ebrio o que podía haber sido drogado esa noche, fue sometido a ejercicios de relajación con Mabel Viedma, la psiquiatra que trabajaba en el Instituto Médico Legal, para así contar detalles de lo sucedido. Posteriormente, la profesional declaró en televisión haber sufrido «presiones» por el caso.

El testimonio de Roa describió en detalle a Bruno Betanzo y a los guardias en lo relativo a sus características físicas y a sus roles: Betanzo, como jefe, dando la orden de llevar al subterráneo a un joven sometido por el Oso y compañía. Sin embargo, más tarde se retractó y dijo que su declaración fue producto de la hipnosis. Marco González Espinoza, por su parte, asistió voluntariamente a declarar que fue testigo de la golpiza del Oso contra Coke. Pero su testimonio fue descartado después de las pericias psicológicas.

Los guardias declararon que el Oso golpeó reiteradas veces al interior de La Cucaracha a un individuo, identificado como el Mota, quien habría quedado sangrando. Sin embargo, el Mota sostuvo que nunca fue golpeado.

Otra arista que apoyaba la tesis de Ovalle era la de muertes sospechosas de personas que decían saber dónde se encontraba el cuerpo de Jorge Matute Johns. Una fue la del gásfiter y bombero Hugo Díaz. Cuando se encontraba trabajando en un baño en las dependencias de la actual Tercera Comisaría de Coronel, este último habría oído que un comisario hablaba por teléfono sobre un tal Omar y que Matute se encontraba en una parcela en Santa Juana. Por mala ventura, se le cayó una herramienta. Fue descubierto y expulsado del lugar. Poco después, Hugo Díaz fue asesinado por un grupo de menores de edad, que le propinaron, de forma aparentemente inmotivada, decenas de puñaladas.

El carabinero que investigó este homicidio fue Marcos Martínez, de la Comisión Civil de Coronel. Martínez interrogó a dos de los menores y se dirigió a una parcela en el camino a Santa Juana. El 29 de junio de 2000, comentó a sus familiares que iba a resolver el caso Matute. Pero a los pocos días, el 4 de julio, se suicidó al interior de la Tercera Comisaría de Coronel con un arma que no le pertenecía, mientras estaba detenido por su presunta conexión con Manuel Hernández Delgado, el Mañungo, un traficante local. Misteriosamente, las diligencias en su contra debían realizarse en Concepción, aunque, una vez allá, sin lógica alguna lo volvieron a trasladar a Coronel. Antes de morir, Martínez comentó al abogado David Sverlij que las acusaciones en su contra eran parte de una cortina de humo de algunos policías para terminar irregularmente con el Caso Matute, y que tenía antecedentes para probarlo, lo que tal vez fue mala idea, pues Sverlij fue el abogado que asumiría la defensa del grupo de policías acusados de ser parte de un cartel de narcotráfico, o sea, aquellos a quienes Martínez apuntaba.

A los Martínez les entregaron un ataúd sellado, y una guardia de Carabineros se quedó cuidándolo la mayoría del velorio. Sin embargo, durante el cambio de turno la familia se atrevió a abrirlo y revisar el cadáver, el cual presentaba evidencia de haber sufrido una golpiza. Después encontró, escondida en el forro de una chaqueta, una libreta con anotaciones del caso, a lo que se sumó una agenda, parte de las pertenencias personales de Martínez, que fue entregada por la misma institución. En ella había un mapa dibujado con la ubicación de una parcela en Santa Juana en la que se hallaba un cuerpo y un contenedor, al que se adjuntaba la leyenda FINADO.

Por último, está todo lo que rodea a la figura del Mañungo, traficante y dueño de locales nocturnos, conocido por tener entre sus propiedades un auto comprado directamente a Paul Schäfer. Lo involucró en el caso su amante, Susana Ramírez Valenzuela, quien le habría comentado que sus hombres se habían encargado de Jorge Matute Johns. Por extraño que parezca, Ramírez le contó eso a su marido, Eduardo Sepúlveda Pedreros, quien a su vez se lo informó al mayor Ovalle. Ramírez fue interrogada por Carabineros y reveló la existencia de una red de protección de carabineros y políticos hacia el Mañungo, que operaba, entre otros lugares, en La Cucaracha. Entre los nombres que entregó se encontraban el de los dos carabineros que estuvieron la misma noche o la noche siguiente al crimen en la discoteque: el mayor Jorge Caamaño y el mayor Jaime Portales. Para defenderse de las acusaciones, estos contrataron al abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del también abogado Luis Hermosilla, hoy tristemente famoso por liderar una red de corrupción.

Susana también involucró como clientes o como parte de la red a políticos como José Miguel Insulza (PS), entonces ministro Secretario General de la Presidencia. También mencionó a Nelson Mery, Director General de la PDI de la época. La mano derecha de este último, Rómulo Aitken, fue formalizado por obstrucción a la justicia en circunstancias de que habría pertenecido a una red de narcotráfico.

¿Cansado de pelear en X? Síguenos en Bluesky

No deja de llamar la atención que algunos eventos turbios relativos a otros casos se pudieron relacionar —pero no lo hicieron— con Mery, como que el expreso político Sergio Fernández Ojeda haya sido encontrado muerto en su taxi con una bala en la cabeza después de acusar a Mery de ser cómplice de desapariciones durante la dictadura.

Quizá no sea tan sorprendente el final de Eduardo Sepulveda, el marido engañado. A pesar de que contó durante un tiempo con protección policial (un día atraparon a una persona merodeando fuera de su casa que dijo ser familiar de un carabinero de Inteligencia), apareció muerto en 2002. Causa oficial: suicidio.

Manuel Hernández, el Mañungo, no era cualquier delincuente. La investigación en su contra acumuló un conjunto de fotografías en las que el traficante y su familia compartían en instancias de esparcimiento con funcionarios públicos y policiales. Entre estos, podemos destacar al teniente de Carabineros Rodrigo Bobadilla, responsable de la tenencia de Santa Juana cuando sucedió el caso Matute, y quien, además, reconoció conocer a Manuel Hernández desde que eran niños; su hermano, el teniente Cesar Bobadilla, que llegó a ser jefe de zona de Carabineros en el Biobío, aunque hoy ya está en retiro; el sargento David Álvarez; el cabo Juan Carlos Navarrete, parte de la 3ª Comisaría de Coronel; y, según se ve en las fotografías, al oficial Javier Prudant Zuñiga, a cargo del Grupo de Formación Policial Biobío (años más tarde, Prudant, ya en retiro, haría noticia por asaltar un banco disfrazado de anciano, delito por el cual, sorprendentemente, obtuvo pena en libertad).

Además, un burrero de Hernández fue detenido, y entre sus pertenencias se encontró la tarjeta del oficial Iván Bezmalinovic Hidalgo, acusado años después de obstrucción en el caso del asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collio. Bezmalinovic contrató como asesor jurídico a Jaimes Portales Yefi, sindicado como quien acompañó a Caamaño a La Cucaracha. En una libreta del burrero se halló también el contacto del capitán Rafael Rojas, que ya había sido ligado al Mañungo en 1995. Posteriormente, Rojas sería ascendido a edecán de la presidenta Bachelet.

Cuando Mañungo dijo a Susana que «sus hombres» hicieron desaparecer a Coke, ¿a quiénes se refería?

Para terminar esta primera entrega, haremos hincapié en tres hechos que llaman la atención sobremanera. El primero es el relativo a la perito tanatológica María Isabel Reveco, cuyo informe, solicitado por el Consejo de Defensa del Estado, estableció que Jorge Matute fue asesinado de forma violenta, probablemente a partir de un golpiza y tras un golpe con un objeto contundente en su cabeza. Este informe fue desestimado por el Servicio Médico Legal y desapareció del expediente de la investigación. Reveco comentó públicamente que encontró barreras a nivel institucional para realizar su trabajo. Hoy, las páginas de internet con fotografías que demostraban sus conclusiones ya no están disponibles, o al menos no en los buscadores tradicionales.

Otro hecho tiene que ver con el levantamiento de restos de sangre hallados al interior de La Cucaracha, identificados a través de luminol, por parte de Shirley Villouta, entonces perito criminalista del LABOCAR de Concepción. Las muestras debían ser enviadas al FBI en EEUU, con el fin de determinar si pertenecían a Coke. Sin embargo, el mayor Ovalle afirma que su jefatura, por sugerencia del jefe de gabinete del ministro de Justicia José Antonio Gómez, le ordenó que, en vez de viajar personalmente, debía entregar las muestras en la Subsecretaría de Carabineros, rompiendo la cadena de custodia. Bajo la intervención del general Juan Donati Pino, en la época jefe regional del Biobío, se ralentizó el proceso de envío. Finalmente, el FBI estimó que la muestra no contenía suficiente ADN para determinar procedencia. La perito estadounidense Jacqueline Blake, encargada del procedimiento, fue formalizada y condenada en su país por falsificar sus resultados. Al mismo tiempo, como si fuera una estrategia orquestada, la prensa comenzó a difundir la mentira de que las muestras no eran sangre, sino pintura.

Posteriormente, Villouta y Ovalle no solo serían apartados de la investigación, sino también de la institución. Villouta, no obstante, demandó al Fisco por su expulsión irregular del LABORCAR. La demanda fue acogida y otorgada por el tribunal encargado. El periodista Matías Rojas Medina, cuyo trabajo ha permitido obtener la mayoría de los datos de este artículo, intentó obtener detalles sobre los sumarios contra ambos vía Ley de Transparencia. Sin embargo, tras una primera negativa y posterior reclamo, solo obtuvo un montón de documentos censurados casi en su totalidad.

El tercer hecho es que en 2007, en la época del ministro Juan Rubilar, sucesor de Flora Sepúlveda, un joven que supuestamente fue parte del staff de La Cucaracha en 1999, de nombre Fabián Flores, acudió voluntariamente a declarar que ya no podía con la culpa, que había participado en el homicidio de Coke y que tanto Bruno Betanzo como Óscar Araos estaban involucrados, posibilidad nunca considerada. Flores mantuvo su testimonio en distintas declaraciones, hasta que el juez Rubilar hizo que lo analizaran cinco psiquiatras, quienes determinaron que mentía y que su declaración estaba motivada por una depresión. El joven se terminó retractando y el asunto quedó ahí. ¿Es verosímil que una depresión lleve a un sujeto a autoinculparse de uno de los crímenes más famosos del país? En todo caso, en este punto podemos identificar un patrón en cada testigo o evidencia que apoyaba la tesis de Ovalle: el descarte por muerte, problemas psicológicos o transgresión del protocolo.

El mayor Ovalle fue apartado del caso y pagó su tesis con el fin de su carrera, aunque cada vez que es entrevistado no pierde la oportunidad de contar que Flora Sepúlved, le dio la orden de no investigar a Betanzo ni a los guardias.

En 2014, el medio Verdad Ahora, vía Ley de Transparencia, solicitó a Carabineros los antecedentes recogidos en la investigación realizada al Mañungo. La institución respondió que la carpeta, compuesta por más de 600 fojas, al parecer había sido incinerada, por lo que no había ningún registro. Una extraña eventualidad.

Sebastián Alvarado Fuentes es licenciado en Lingüística y Literatura con mención en Literatura por la Universidad de Chile y profesor de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Católica, además de magíster en Letras de la misma casa de estudios. Actualmente, cursa el programa de Doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona

Sigue a Artefacto en WhatsApp, Medium, Instagram, Threads, LinkedIn, Tumblr, Telegram, X, Bluesky y TikTok