SQM y los miedos de Lavín

Por Luis Alberto Ganderats (*)

Joaquín Lavín ha tenido un apoyo siempre muy oportuno en Lorena Espinoza Inostroza, su más fiel secretaria (secretarius: forma adjetiva de secrētus). Ella lo ha seguido desde 1993: en la alcaldía de Las Condes, en los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, en la Universidad del Desarrollo (UDD) y luego otra vez en la municipalidad de Las Condes. Hoy está contratada por la UDD para diversas tareas. Tal vez nunca ha dejado de ser su mano derecha.

Justamente en la UDD Espinoza tuvo un protagonismo que la llevaría a ser imputada por la Fiscalía durante la investigación de las boletas falsas de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), la empresa de Julio Ponce. Ante la evidencia, tuvo que admitir que había ocupado fondos provenientes de boletas ideológicamente falsas que Carolina de la Cerda, cuñada del exsubsecretario UDI Pablo Wagner, entregaba para financiar la campaña a senador por Valparaíso de Lavín, en 2009.

Relató que un día entró a su oficina el entonces rector de la UDD, Ernesto Silva Bafalluy, y le entregó un cheque a nombre de ella para destinarlo a la caja chica del profesor Joaquín Lavín. Luego de cobrarlo, guardó el dinero con llave. “Pero nunca le informé a don Joaquín”, aseguró, esperando que le creyeran, porque se dice muy distraída.

No fue posible corroborar la información por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad, pues en ese momento el rector de la UDD mencionado por ella había muerto en forma sorpresiva y trágica.

Como buena encargada de los secretos de Joaquín Lavín, Lorena Espinoza se negó a autorizar el levantamiento del secreto de su cuenta bancaria, salvo en los días de agosto de 2009. Y aseguró que nunca le hizo a su jefe rendición de gastos de los millones de pesos de ese cheque. Lavín, por consiguiente, nunca habría sabido que su secretaria recibió plata de SQM.

Casi $200 millones de la misma SQM ingresaron por otro lado al comando senatorial de Joaquín Lavín, pero no a nombre de su secretaria, sino de una empresa perteneciente a Cristina Bitar, jefa y coordinadora de su campaña electoral. Entre agosto de 2009 y marzo de 2010, la sociedad Asesorías e Inversiones Lima emitió siete facturas a SQM por un total de 185 millones. Las fechas coinciden con el período pre y post electoral de las senatoriales en que Joaquín Lavín perdió la carrera por la V Costa, campaña en la que lo asesoró y protegió Cristina Bitar.

El 12 de abril de 2016, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra numerosos contribuyentes por haber facilitado boletas o facturas falsas. El escrito informa que Asesorías e Inversiones Lima “no logró acreditar satisfactoriamente la efectiva prestación de los servicios” relacionados con tales boletas.

Ni siquiera lo pudo intentar: cada vez que el SII quiso hablar con Bitar, ella estaba de vacaciones o fuera de Chile, quizá inubicable. O tal vez no encontraba la dirección exacta y nunca pudo llegar a las citaciones a las que fue convocada.

Debido a esa acumulación de tiempo y coincidencias, la sociedad de Bitar y el propio Joaquín Lavín quedaron excluidos de la acción penal. El SII estimó que, por el tiempo transcurrido, la “responsabilidad penal se encontraba extinguida”. A ella le faltó tiempo para demostrar su inocencia. A Lavín también.

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La coartada Silva

Los $185 millones que recibió de SQM ubicaron a la empresa entre las cuatro más beneficiadas con ese procedimiento ilegal de Ponce Lerou.

Rodrigo Sáenz, de Agencia Uno, dijo en una extensa información que Carolina de la Cerda emitió una boleta el 21 de julio de 2009 por siete millones y medio a SQM. La glosa de la boleta indica que prestó asesorías financieras a la empresa. Pero eso era falso, y por ello el SII se querelló contra de ambos. La boleta se trataba, más bien, del inicio del caso SQM y de parte del financiamiento de la campaña senatorial de Lavín.

“Hice los tres cheques a nombre de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y (la secretaria de Lavín) Lorena Espinoza”, confesó Carolina de la Cerda en su declaración del 13 de febrero de 2015 ante los fiscales. Por esa misma fecha, Bitar reconocería los aportes en una declaración ante el fiscal Carlos Gajardo.

“Esos fondos tienen que haber sido para reembolsar gastos que yo había realizado para la campaña”, dijo. “Ignoro absolutamente los temas de financiamiento de la campaña de Joaquín Lavín. Esos temas los veía Ernesto Silva Bafalluy”. Silva Bafalluy ya se había suicidado. Era imposible seguir esa pista. Tampoco se pudo seguir la pista de el o los cheques a nombre de la secretaria de Lavín entregados por él.

Bitar, en todo caso, también recibió dinero de SQM a través de Asesoría e Inversiones Lima, donde tenía el 99%, y su padre, el resto. La señora Bitar juró a El Mercurio que tenía un contrato de trabajo por un año con Patricio Contesse, exgerente general de SQM (“desde octubre de 2009 a octubre de 2010”). Sin embargo, la empresa de la generalísima de Lavín apareció en la lista de rectificaciones de SQM, lo que supone que los servicios nunca fueron realmente prestados.

El Centro de Investigación Periodística (Ciper) le atribuye, además, al menos un pago a un integrante de la red de boleteros de Pablo Longueria (UDI) y una rectificación de su propia empresa ante el SII por casi $50 millones. Este último dato implica que, eventualmente, también habría financiado la política sin una contraprestación de servicios que justificara el gasto.

Como informó Radio Biobío en octubre de 2017, “la arista Lavín del caso SQM, y el eventual financiamiento ilegal de su campaña, se diluyeron. Parte importante de eso tuvo que ver con que Ernesto Silva Bafalluy muriera en 2011. Para Bitar también se cerró el caso, y su afirmación de que nada sabía de las platas de la campaña de Lavín quedó como su último testimonio en la causa. Pero una denuncia ante el SII del yerno de Lavín, Isaac Givovich, dice que Bitar sí estaba al tanto del financiamiento y rendición de los gastos de la campaña”.

“No vamos a tener efectivo, por lo cual tenemos que ver alguna facturación razonable a Lavín o la UDI de empresas no relacionadas”, dice un correo electrónico del 20 de octubre de 2009 que Bitar le envió a la secretaria de Lavín, y que esta última reenvió a Givovich, de la empresa GES. Y Bitar añade confiadísima: “Tal vez el mismo circo le puede facturar a Lavín, tú a la UDI o Marcelo Forni proveedores directo a la UDI” (sic).

Givovich interpretó el correo de Bitar como una instrucción directa a no facturar a la campaña de Lavín, pues el gasto legal electoral estaba al límite. Había, entonces, que facturar a empresas externas, ocultando dicho gasto. Pero Givovich tampoco hizo eso. De hecho, no habría hecho nada. No facturó a terceros ni declaró el gasto ante el SII.

La economista y asesora estratégica Cristina Bitar. | Agencia UNO.

“En mi calidad de representante legal (de GES Consultores), me tocó convenir con diferentes proveedores formas de pago y compra de materiales. A la vez, de manera sistemática debía rendir cuenta y pagar a estos proveedores”, dice la denuncia de Givovich ante el SII. “Los dineros recibidos fueron entregados por Cristina Bitar y Lorena Espinoza, los cuales fueron entregados en efectivo y mediante transferencias a mi cónyuge, Asunción Lavín León, y a mi persona”.

Cuando aparecieron las boletas de Espinoza y Bitar, Joaquín Lavín se defendió diciendo algo similar a lo que declaró su generalísima: “Con franqueza total, no tenía idea. Desconozco esta situación”.

Esto sostuvo, guiado supuestamente por su abogado penalista: “Estoy seguro de que las personas que trabajaron en mi campaña, lo que hayan hecho bien o mal, lo hicieron por mí, por ayudarme, y por eso me siento igual moralmente responsable. Espero que esto se aclare lo antes posible”. Lo dijo en su propio programa de Radio Agricultura, sin ser repreguntado.

En su denuncia, Isaac Givovich da a entender que no cree lo que Lavín define como “franqueza total”: “Recibí instrucción a sabiendas del señor Lavín Infante de que no facturara a su persona, y a la vez se me indica que facture a un partido político UDI o a empresas relacionadas, lo cual no acepté debido a que era un delito”.

El 2 de marzo de 2016, Joaquín Lavín anunció: “En el hipotético caso de que la justicia llegara a determinar que hubiera algún perjuicio fiscal, estoy dispuesto a poner yo mismo esos recursos». Que se sepa, eso nunca llegó a ocurrir. O jamás se informó de él. Tampoco ha explicado el hecho de que el proceso contra la empresa de su jefa de campaña quedara libre de sanción penal “porque la responsabilidad penal se encontraba extinguida”.

La arista Caval

Asunción, la hija de Lavín, y su yerno, Isaac Givovich, hicieron denuncias en su contra en el SII. También tuvieron que explicar las millonarias facturas, emitidas por el mismo Givovich, relacionadas con otro asunto traumático para el círculo íntimo y familiar de Lavín: el llamado caso Caval.

En este tema hubo intervención de connotados personajes, todos del mundo UDI de Joaquín Lavín, como Juan Díaz y Patricio Cordero. El segundo llevaba más de un año formalizado en el caso Caval “por el delito de facilitación de documentación tributaria falsa”, con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, y seguía sirviendo en el área más personal al alcalde Lavín.

Radio BioBío recoge el grueso del material que se incluye en los párrafos siguientes, los cuales también contienen información de Cambio21.

Joaquín Lavín, candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en 2021. | Agencia UNO.

En la tarde-noche del 28 de junio de 2017, Lavín llegó a un café de la calle Isidora Goyenechea, muy cerca de la Municipalidad de Las Condes: el Starbucks, cuyo logotipo de dos colas le pudo parecer de mal augurio al dos veces derrotado candidato presidencial.

Lo esperaban una de sus hijas y su yerno. También estaban presentes un abogado y un contador de la confianza de su hija y de Isaac Givovich. Lavín quiso saber por qué lo habían citado en presencia de un abogado y un contador.

Una serie de documentos tributarios cayeron sobre la mesa, entre ellos una liquidación de impuestos de noviembre de 2015 por $189 millones contra la empresa GES Consultores, de Givovich y su hija. Le dijeron que una parte del cobro que le hacía el SII a la empresa GES tenía que ver con los servicios que le prestaron para su postulación senatorial por la V Región Costa. El SII los estaba fiscalizando y les cobraba impuestos.

A juicio de ellos, como derivaban de la campaña electoral, Joaquín Lavín debía hacerse cargo de una parte de esos pagos. Dijeron que la empresa de Givovich y de la hija de Lavín operó en dicha campaña como el intermediario de los proveedores, por lo que recibió facturas por los servicios. También que, como se habían disparado los gastos de la campaña, se habrían abstenido de hacer ciertos cargos para respetar la ley y, por lo tanto, GES pagó pero no facturó de vuelta a Lavín.

—No tengo nada que ver en esto —habría dicho Lavín, como se le ha escuchado a veces.

La explicación de los esposos Givovich-Lavín fue puesta en duda por algunos de los demás hijos de Lavín y sus cónyuges, como Joaquín hijo y su mujer, Cathy Barriga, que habían trabajado a sueldo para Lavín en esa campaña senatorial. Los apoyó, en cambio, otra hija, María Estela Lavín, quien fue testigo de algunas de las situaciones que ahora dividían a la familia.

La negativa de su padre no le agradó a Asunción. Le recordó que la plata para los proveedores de la campaña había pasado por su propia cuenta bancaria. Dijo mucho más: su padre le había pedido que no fuera a declarar ante el SII cuando la llamaron a testificar en octubre de 2015, casi un año después de haberse iniciado una fiscalización sobre GES Consultores. Asunción también le recordó que su hermana, María Estela, había estado presente en la conversación, y que por lo tanto tenía testigos.

Lavín respondió que no quería ver los papeles, que para eso tenía su abogado, Cristóbal Bonacic, y que con él se debían entender.

Profesor de Derecho Penal en la PUC, nominado Best Lawyer en 2020 por la Area Criminal Defense, Bonacic es un auténtico experto en elaborar y ejecutar estrategias penales de alta complejidad. Ha sido el escudero de Lavín en temas que podían hacer oscilar su imagen pública. Por materias semejantes a las de Lavín, Bonacic ha defendido al exalcalde Pablo Zalaquett y al senador Jorge Pizarro, e hizo un alegato público a favor del exministro del Interior Andrés Chadwick cuando fue sancionado por el Parlamento.

Tras esa decepcionante reunión con Joaquín Lavín, en GES surgió el tema de dos facturas por un total de $300 millones emitidas a la empresa Wiesner S.A., propietaria de las tierras que compraría Caval. Givovich entregó dichas facturas a Juan Díaz, al que llama “El Gatito”, para derivarlas al fiscal Chadwick Larraín, que serviría de intermediario. Ambos estaban procesados por el caso Caval.

Esas dos boletas habían sido anuladas posteriormente, y no tendrían efecto tributario, pero permanecían entre sus antecedentes. El Ministerio Público, en cambio, llegó a investigar si con esas facturas Givovich y Juan Díaz se concertaron para extraer dinero de Wiesner, la sociedad que vendió los terrenos en Machalí.

Asunción Lavín e Isaac Gurovich. | Agencia UNO.

Lavín no se haría cargo de nada, dijeron él y su abogado. Incluso, Bonacic habría llegado a afirmar que jamás tuvo contacto con Asunción Lavín e Isaac Givovich, lo que quedaría desmentido por el propio WhatsApp del abogado, según imagen publicada por BioBío.

Asunción e Isaac dijeron que tendrían que tomar acciones. Un querella, una denuncia. Pero que no se quedarían así.

La formalización de Givovich por las dos facturas millonarias cayó justo en medio de la disputa con su suegro. Bonacic les habría dicho que la liquidación algo tenía que ver con Caval, y el propio Lavín se había preocupado de mandar mensajes a través de otros miembros de la familia en esa misma línea. Por eso, Asunción e Isaac sospecharon que, de alguna manera, había influido la formalización por el caso Caval. Y decidieron actuar.

El 18 de septiembre de 2017, Givovich ingresó por internet una denuncia ante el SII. En ella mencionó a todos los que participaron en la campaña de 2009. Incluyó a Cristina Bitar y a Lorena Espinoza. Ellas, dice la denuncia, fueron quienes le entregaban el dinero para pagar a los proveedores. Pero Lavín estaba en el centro del tema de las platas. La denuncia agrega que él —a través de su hija Asunción— y “otras personas” le instruyeron que “ocultara” la información de la campaña de 2009 ya que, de no hacerlo, se le vincularía a “otro caso de connotación pública” por el cual se le “imputarían multas”.

Givovich se refería al caso Caval, en el cual participaban como actores principales tres personas de su confianza, todos de la UDI, y que estaba afectando a la nuera y al hijo de Michelle Bachelet.

“He recibido instrucciones precisas del señor Lavín Infante de ocultar constantemente esta situación”, dice el documento que presentó Givovich ante el SII. “Se me avisa que si hago esta denuncia se me vincularía a otro caso de conmoción pública y se me imputarían multas por parte de este servicio (SII) a causa de ese caso (Caval)”.

Hay escuchas telefónicas entre Isaac Givovich y Juan Díaz, el otro implicado en el caso Caval, que dan cuenta de la facilitación de la factura. Esa es la pieza clave de la fiscalía y la verdadera razón de su formalización.

La campaña senatorial de 2009 está muy lejos de la fecha de una factura de $140 millones presentada por Givovich, fechada en 2011. Pero este señala que recién ese año la imprenta Huerta & Contreras le facturó a GES Consultores, y por eso aparece como fuera de plazo. Esa imprenta fue utilizada para la campaña de Lavín. Álex Contreras, el representante legal de la empresa, no estuvo disponible para corroborar la emisión de dicha factura.

Cristina Bitar ha tenido mejor suerte tras servir a Lavín. Asociada con el UDI Pablo Zalaquett Said, que fuera involucrado pero no condenado por los casos SQM y tragamonedas, transformó a Captiva en una de las empresas de asesoría comunicacional más influyentes.

Hoy trabaja con una empresa minera del oro. No se ha escuchado que pueda ser otra vez la generalísima de Lavín. Tal vez le falta escuchar a su corazón.

(*) Periodista (PUC) con una vasta trayectoria en la crónica de viajes. Su último libro, publicado en abril de 2021, es Lavín: un hombre en borrador.

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