No hay «contrabando» legislativo ni decreto económico que detenga la presión hidrostática de un acuífero saturado. Construir sobre un humedal e ignorar las leyes de la física es, en el fondo, una forma de negligencia ingenieril disfrazada de una solución social.
Por Camila Ahrendt
En el complejo tablero de la gobernanza ambiental chilena, los humedales urbanos han dejado de ser meros ecosistemas para convertirse en el epicentro de una tensión fundamental: la que existe entre la planificación de corto plazo y la resiliencia territorial de largo aliento. Las recientes controversias sobre la viabilidad de edificar sobre estos cuerpos de agua, sumadas a los intentos de modificar normativas ambientales a través de instrumentos de naturaleza eminentemente económica —como las reformas tributarias—, nos sitúan en un punto de inflexión que requiere una mirada técnica, despojada de consignas, pero rigurosa en su fundamentación científica.
La Ley de Humedales Urbanos no nació como un «freno ideológico» al desarrollo habitacional, sino como una respuesta técnica a la vulnerabilidad de nuestras ciudades. Desde la biología y la oceanografía, sabemos que un humedal opera como infraestructura crítica: es el amortiguador natural ante inundaciones y el principal garante de la recarga de acuíferos en un contexto de estrés hídrico crónico. Ignorar esta función en favor de una expansión urbana inmediata es, en términos simples, una transferencia del riesgo, porque se resuelve un déficit habitacional hoy, pero se crea una zona de desastre para mañana. Entonces, el costo de «pavimentar» el ciclo del agua termina siendo, invariablemente, un costo que el Estado deberá pagar con creces en mitigación y reconstrucción.
| Gracias por leer Artefacto. Suscríbete al canal en WhatsApp y recibe gratis todo nuestro contenido directamente en tu teléfono |
Aquí está el punto de quiebre que a menudo se olvida en las oficinas de planificación: el agua tiene memoria. Imaginemos una ciudad que, en su afán de expansión, decide sellar su última esponja natural. Bajo el cemento, el humedal no desaparece; simplemente se va convirtiendo en una amenaza latente que espera la próxima gran lluvia para reclamar su cauce, transformando los living de esas nuevas viviendas en piscinas de barro. No hay «contrabando» legislativo ni decreto económico que detenga la presión hidrostática de un acuífero saturado. Construir sobre un humedal e ignorar las leyes de la física es, en el fondo, una forma de negligencia ingenieril disfrazada de una solución social. En otras palabras, es venderle a una familia un patrimonio que ya nace con una fecha de vencimiento, condenándola a vivir en la primera línea de la próxima catástrofe evitable.
Por ello, lo más preocupante para la comunidad científica y técnica es el desplazamiento del debate. Cuando recientemente se alerta sobre la inclusión de artículos de gestión ambiental en una reforma tributaria, lo que estamos presenciando es en realidad una peligrosa «contabilización» de la naturaleza. Intentar flexibilizar la protección ambiental a través de leyes económicas elude el problema real: la seguridad de nuestras ciudades. La ciencia no es una opinión que se pueda negociar para cuadrar un presupuesto; es el dato que garantiza que una inversión no se hunda —literalmente— con la próxima lluvia. Sin una protección rigurosa de los humedales, cualquier inversión, sea pública o privada, nace condenada a la inseguridad.
Podría interesarte | [Columna] Cambio climático y género: lo que el debate ambiental aún no integra
Como país, hemos avanzado significativamente en posicionar nuestra ambición climática en foros internacionales como la COP, integrando la perspectiva de género y la protección de los océanos en el corazón de nuestra diplomacia. Por ello, resulta paradójico que, a nivel interno, se cuestione la robustez de marcos regulatorios que son, precisamente, los que nos brindan seguridad jurídica y ambiental ante organismos internacionales y tratados como Escazú o Ramsar. En esta misma línea, me atrevo a confirmar que la coherencia institucional es el mayor activo de un país que aspira al desarrollo, y que debilitar la fiscalización ambiental para «destrabar» proyectos es una ganancia marginal frente a la pérdida de resiliencia ecosistémica.
El desafío de la autoridad no es elegir entre casas o humedales, sino liderar una integración inteligente donde la ciencia sea el cimiento del urbanismo. La planificación territorial debe dejar de entender la naturaleza como un sitio eriazo a la espera de un uso «productivo». Los humedales ya están produciendo: producen agua, producen seguridad y producen vida. En otras palabras, proteger los humedales no responde a un impulso de activismo, sino a un ejercicio de realismo económico y rigor científico. Al final del día, la política puede intentar rediseñar los marcos legales, pero no tiene facultades para legislar sobre las leyes de la física. En la gestión del territorio, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Ignorarla no es una opción política. Es, simplemente, un error de cálculo con consecuencias estructurales.
Camila Ahrendt es bióloga marina, científica y gestora de proyectos de sostenibilidad. Ha colaborado como asesora en piezas audiovisuales nacionales e internacionales con National Geographic, Univisión, Canal 13 y otros medios. Desde 2017, escribe artículos sobre cultura medioambiental en la Revista Endémico | Síguela en Instagram
Sigue a Artefacto en WhatsApp, Medium, Instagram, Threads, LinkedIn, Tumblr, Telegram, X, Bluesky y TikTok
Deja un comentario