La cuestión que atraviesa el presente chileno no es la permanencia retórica de los derechos humanos en el discurso público, la cual parece asegurada. Lo que permanece en disputa es el sentido que asumirán cuando entren en tensión con la desigualdad estructural, con la memoria de la violencia estatal y con el ejercicio concreto del poder.
Por Daniel Salgado Núñez
Existe una acepción política paradójica en el debate académico chileno desde hace más de dos décadas. Bajo un mismo conjunto de palabras se condensan proyectos profundamente distintos. Por un lado, una de las fundaciones más influyentes de la derecha lleva por nombre Libertad y Desarrollo. Por otro, uno de los aportes más decisivos del pensamiento crítico contemporáneo en materia de justicia social se titula Desarrollo y libertad (1999), obra central de Amartya Sen, economista y filósofo indio, reconocido por haber reformulado de manera profunda el modo en que se piensa el desarrollo, la pobreza y la justicia social a escala global. La similitud nominal podría sugerir cercanía conceptual. Sin embargo, la inversión del orden no constituye un detalle menor. En ella se inscribe una pregunta decisiva sobre qué viene primero, la libertad o el desarrollo: si la libertad debe entenderse como un punto de partida garantizado por el funcionamiento del mercado, o si debe concebirse como una conquista que depende de condiciones sociales, económicas e institucionales que hagan posible su ejercicio.
En la tradición del liberalismo económico, la libertad tiende a identificarse con la ausencia de interferencias y con la autonomía individual frente al Estado. El desarrollo aparece como el resultado agregado de decisiones libres en el mercado y la desigualdad como un efecto secundario tolerable de ese proceso. En el enfoque de Amartya Sen, la relación se invierte: el desarrollo no constituye una consecuencia automática de la libertad formal, sino la condición que la vuelve significativa. La libertad solo adquiere contenido cuando existen capacidades reales para elegir, participar y actuar sin privaciones evitables. Educación, salud, seguridad material y reconocimiento social dejan de ser beneficios complementarios y pasan a ocupar el lugar de garantías fundamentales de la libertad. En esa distancia conceptual se juega algo más que una diferencia teórica. Se disputa el significado de la democracia, el lugar que deben ocupar los derechos humanos y el horizonte normativo desde el cual una sociedad evalúa sus desigualdades. Bajo un vocabulario compartido se enfrentan dos modos de comprender la justicia social. Uno concibe la libertad como anterior a las condiciones materiales que la sostienen. El otro entiende que, sin esas condiciones, la libertad se vuelve puramente formal y pierde densidad política.
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Este contraste adquiere una densidad particular en el Chile actual, donde la disputa por el sentido de la libertad y del desarrollo vuelve a instalarse en el centro del debate político, atravesada por la desigualdad estructural, la memoria de la violencia estatal y la pugna por la orientación del Estado. Lo que se enfrenta no son únicamente definiciones académicas, sino proyectos de sociedad que utilizan un mismo lenguaje para sostener promesas profundamente distintas. Esa tensión se proyecta sobre las instituciones, sobre la forma en que el Estado concibe sus obligaciones y sobre el significado práctico que adquieren los derechos humanos en la vida democrática.
Desde la transición, Chile consolidó un andamiaje formal de adhesión a estándares internacionales de derechos humanos mediante la ratificación de tratados, la creación de instituciones especializadas y la aceptación de mecanismos de monitoreo. Esa arquitectura convive con vulneraciones persistentes, brechas de garantía efectiva y tensiones reiteradas entre orden público y derechos fundamentales, lo que revela precedentes de una institucionalidad frágil. Su estabilidad depende de equilibrios políticos contingentes, y se debilita cuando la conflictividad social reordena los consensos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido de manera sostenida que los avances formales coexisten con déficits en garantías, prevención y continuidad de políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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Este escenario adquiere un relieve particular tras el triunfo electoral de José Antonio Kast. El apoyo manifiesto y la colaboración de su familia con el régimen militar de Augusto Pinochet, ampliamente discutidos en el espacio público, junto con las posiciones sostenidas por el propio presidente electo respecto de la dictadura, reactivaron inquietudes profundas en amplios sectores de la sociedad chilena, especialmente entre generaciones que fueron víctimas directas del autoritarismo. En este contexto, la discusión deja de girar exclusivamente en torno al cumplimiento formal de los tratados internacionales y comienza a desplazarse hacia la racionalidad política que orientará al Estado en su rol como garante de derechos.
Desde allí, la distinción entre derechos concebidos como estándares críticos capaces de interpelar estructuras de exclusión y derechos entendidos como reclamos sujetos a criterios de administrabilidad adquiere una centralidad política decisiva. En ese terreno, la gravitación de los think tanks cobra especial relevancia. La Fundación Libertad y Desarrollo ocupa un lugar destacado por su trayectoria histórica, su presencia sostenida en el espacio público y su capacidad para producir marcos interpretativos presentados como experticia técnica. Diversas reconstrucciones periodísticas la describen como parte de una estrategia de disputa cultural articulada con sectores civiles que participaron en la conducción de la transición, orientada a preservar una continuidad intelectual del modelo neoliberal mediante lenguajes renovados y socialmente legitimables.
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La influencia de este espacio se vuelve aún más visible cuando figuras asociadas a la fundación pasan a integrar el próximo gobierno, entre ellas María Paz Arzola, mencionada como futura ministra de Educación. Este antecedente no habilita la anticipación de decisiones concretas, aunque sí permite formular una hipótesis sociológica relevante. Las ideas producidas como razón experta en el interior del think tank pueden transformarse en criterios de orientación estatal, con especial impacto en ámbitos formativos donde se construyen nociones de ciudadanía, memoria histórica e igualdad.
Desde una lectura gramsciana, este proceso puede comprenderse como parte de una guerra de posiciones que se despliega en el terreno cultural antes que en el estrictamente institucional. En ese marco, los think tanks actúan como organizadores de cultura y productores de lenguaje público, contribuyendo a fijar los límites de lo razonable. Libertad y Desarrollo cumple ese rol cuando traduce controversias normativas asociadas a la justicia social y a los derechos humanos en categorías de eficiencia, gobernabilidad o control del alcance del Estado, promoviendo un desplazamiento del debate desde la justicia hacia la administrabilidad.
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Este modo de intervención se vincula con su origen histórico. La fundación surge como parte de una reorganización intelectual de la derecha tras el fin de la dictadura, con participación de exministros civiles del régimen asociados al diseño institucional y económico del modelo. Desde entonces, su producción ha tendido a delimitar el alcance político de los derechos humanos, desplazando el lenguaje del daño hacia una gramática de regulación formal compatible con el orden vigente.
En ese marco se inscribe el artículo de María Paz Arzola y Carolina Rettig «Dos concepciones de los derechos humanos» (2025). Arzola, investigadora de la Fundación Libertad y Desarrollo, desarrolla este trabajo en una revista jurídica de la Universidad Austral de Argentina, reconocida por su vinculación con el Opus Dei y por una tradición doctrinaria conservadora en el campo jurídico. El texto no se presenta como una reflexión aislada, sino como parte de un entramado institucional e intelectual coherente, desde el cual se elabora una sensibilidad normativa específica. En ella confluyen la preocupación por la expansión del lenguaje de los derechos, la centralidad de la exigibilidad como principio estructurante y una distancia frente a enfoques que conciben los derechos humanos como orientados a fines sustantivos o a condiciones materiales de ejercicio. Sin negar su validez formal, esta perspectiva introduce una relectura que acota su proyección política, reordenando su sentido hacia criterios de imputabilidad inmediata y restringiendo su función como herramienta crítica frente a desigualdades estructurales.
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El problema emerge cuando la exigibilidad inmediata deja de operar como criterio operativo y pasa a funcionar como principio de legitimidad del derecho. En sociedades atravesadas por desigualdades estructurales, ese desplazamiento produce un efecto silencioso pero profundo, ya que múltiples privaciones quedan excluidas del campo normativo al no contar con responsables claramente identificables. El daño no se extingue, aunque pierde reconocimiento público y densidad política. En ese escenario, la incorporación de esta sensibilidad al aparato estatal adquiere un peso particular, sobre todo cuando se proyecta sobre el sistema educativo, espacio privilegiado de formación cívica y de reproducción cultural.
En este punto, la advertencia formulada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos adquiere especial relevancia. La experiencia chilena muestra que la adhesión a los tratados internacionales pierde sustancia cuando no se acompaña de capacidades efectivas, políticas de prevención y una continuidad activa en materia de memoria, verdad y justicia. Reducir los derechos humanos a aquello que resulta inmediatamente administrable reconfigura los criterios de legitimidad democrática, debilita su función evaluativa frente a la desigualdad y termina por redefinir la libertad en términos estrictamente formales, compatibles con amplios márgenes de privación material.
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El enfoque de capacidades ofrece aquí una clave decisiva. Arzola y Rettig desestimaron su aporte al considerarlo una perspectiva que tendería a inflar el lenguaje de los derechos humanos, en la medida en que no subordina su validez a criterios estrictos de exigibilidad inmediata. Aquello que fue leído como exceso constituye, sin embargo, uno de sus aportes más fecundos, ya que permite pensar la libertad más allá de su dimensión formal y comprenderla como una libertad material. El paradigma de la pobreza multidimensional, hoy ampliamente incorporado en el debate contemporáneo sobre desarrollo, se nutre directamente de esta perspectiva al mostrar que las privaciones no se reducen al ingreso, sino que atraviesan ámbitos como la educación, la salud, la seguridad, la participación y el reconocimiento. Desde este marco, los derechos humanos no operan para confirmar aquello que el Estado ya está en condiciones de garantizar, sino para señalar lo que una comunidad política reconoce como moralmente inadmisible negar. Su función no apunta a clausurar el conflicto, sino a sostenerlo allí donde la desigualdad tiende a naturalizarse y donde la promesa de un desarrollo sostenible y justo permanece inconclusa.
La cuestión que atraviesa el presente chileno no reside en la permanencia retórica de los derechos humanos dentro del discurso público. Su presencia formal parece asegurada. Lo que permanece en disputa es el sentido que asumirán cuando entren en tensión con la desigualdad estructural, con la memoria de la violencia estatal y con el ejercicio concreto del poder. Pueden quedar reducidos a un umbral mínimo compatible con privaciones persistentes, o pueden conservar su fuerza como lenguaje político capaz de nombrar una deuda democrática que aún no ha sido saldada. En un contexto donde el aparato judicial exhibe límites reiterados para hacer efectivos los tratados vigentes, los organismos de derechos humanos han cumplido un rol insustituible de vigilancia, denuncia y preservación de la memoria frente a esas carencias institucionales. Debilitar ese lugar, restringir el alcance normativo de los derechos o condicionar su validez a una exigibilidad inmediata no resuelve la deuda; apenas la desplaza fuera del campo de lo visible. Cuando una democracia comienza a tratar sus compromisos internacionales como trámites administrativos, el problema deja de ser jurídico y se vuelve político en su sentido más profundo. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto una sociedad está dispuesta a convivir con la injusticia antes de aprender a llamarla normalidad.
Daniel Salgado es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Desarrollo Humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)
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Referencias
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