La última vez que Venezuela tuvo acceso público a las actas de votación fue en las elecciones parlamentarias de 2015. Desde entonces, el gobierno de Maduro ha evitado la transparencia electoral mediante procesos paralelos e inconstitucionales. Sin embargo, esta vez es más difícil ocultar el rechazo al régimen, en gran parte gracias a la evidencia recabada por la ciudadanía.

Por Gabriela Mesones Rojo | Reportando desde Venezuela

Arte: Francisco Curihuinca para Artefacto

Aunque la oposición venezolana ha esperado dos décadas, finalmente logró recolectar evidencia robusta para demostrar un fraude electoral por parte del ahora mandatario Nicolás Maduro Moros. Maduro lleva 11 años en el poder, y su primer año de gobierno marcó un antes y un después: el primer año de emergencia humanitaria en el país. La crisis humanitaria sigue rampante, a pesar de unas mínimas mejoras económicas desde 2020. También han crecido las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extraoficiales, la censura y la persecución política. En Venezuela, el rechazo a Maduro durante la campaña presidencial de 2024 fue palpable. Se sentía en el ambiente y se escuchaba en las palabras.

El lunes 29 de julio, sin embargo: silencio. La noche anterior había sido turbulenta, con millones de venezolanos expresando su indignación desde sus hogares al conocer el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, que indicaba que Maduro sería nuevamente el presidente de Venezuela para el período 2025-2031, con el 51,2% de los votos. Mientras algunos protestaban con gritos, otros se unían a los cacerolazos y otros observaban los fuegos artificiales organizados por el gobierno, que solo fueron celebrados por un pequeño grupo de ciudadanos.

Gracias por leer Artefacto. Suscríbete al canal en WhatsApp y recibe gratis todo nuestro contenido directamente en tu teléfono

Ese lunes, los residentes de los sectores populares comenzaron a salir a las calles para manifestarse contra lo que consideraban un fraude. Retiraron los pósters y vallas de la campaña de Maduro. Todos los estados de Venezuela registraron protestas, represión y detenciones. El gobierno de Maduro reportó más de 700 detenciones ese día. Desde entonces, la organización Foro Penal, que brinda defensa a presos políticos, ha destacado que a los detenidos por protestar contra el fraude no se les permite optar por defensa privada o de ONGs, ni recibir visitas de sus familias en los centros de detención.

Días después, habían ocurrido tantas cosas que es difícil trazar una cronología: la página gubernamental del Consejo Nacional Electoral sigue caída; nadie ha dado explicaciones satisfactorias acerca de la totalización de votos y auditorías pendientes; defensores de los derechos humanos han empezado a reportar que les anulan el pasaporte en el aeropuerto; decenas de personas han reportado arbitrariedad total en las detenciones. A día de hoy, van al menos 25 personas muertas y más de dos mil detenidos, según cifras de la ONU.

Un símbolo de esperanza

Sin embargo, no quisiera enfocarme demasiado en este contexto cruel que se expande por el país. Prefiero enfocarme en lo que significa que, por primera vez, la oposición venezolana tenga la evidencia del fraude en sus manos.

Las actas fueron recolectadas gracias al trabajo de los Comanditos, organizaciones ciudadanas formadas en legislación electoral, patrones de irregularidades y apoyo a los testigos de mesa. Participaron más de 600 mil personas, quienes se expusieron en muchos casos a intimidaciones por parte del Plan República, para documentar los resultados reales de cada acta impresa. En Venezuela hay 30.026 mesas de votación habilitadas en todo el país. María Corina Machado logró recolectar las actas de 24.384 mesas, es decir, el 81,21% de las actas. Dichas actas, abiertas al público, han sido poco a poco analizadas y verificadas. El consenso general es que son documentos reales y que tienen toda la información incrustada para verificar su veracidad. Este es, quizás, uno de los logros más significativos de la organización ciudadana en la última década.

También estamos en Telegram. ¡Empieza a seguirnos ahora!

La última vez que Venezuela tuvo acceso público a las actas fue en las elecciones parlamentarias de 2015. Desde entonces, el gobierno de Maduro ha evitado la transparencia electoral mediante procesos paralelos e inconstitucionales. Sin embargo, esta vez es más difícil ocultar el rechazo al régimen, en gran parte gracias a la evidencia recabada por la ciudadanía.

A pesar de dos décadas de autoritarismo y violaciones a las instituciones del Estado, y 11 años de emergencia humanitaria derivada de las políticas de Maduro, Venezuela podría estar enfrentando una dictadura sin precedentes. La recolección de actas ha sido un símbolo de esperanza y ha resaltado el rechazo generalizado hacia el régimen de Maduro.

Gabriela Mesones Rojo es periodista y coordinadora editorial de los medios Caracas Chronicles y Cinco8. También es editora y coordinadora de newsletters de la revista Baynana. Ha escrito para BBC, Okay Africa, Open Democracy, The New Humanitarian y Vice en español. En 2018 publicó el libro Paisaje ulterior (Acacias/Common Books). | Síguela en X