Por Lisette Soto Delgado (*) | Foto principal: Nicolás Lazo
Hoy, Chile se levanta con la memoria más viva que nunca, después de más de 30 años en los que el modelo económico-político se ha enquistado, generando una serie de abusos en todas las áreas de la vida: un desgaste profundo producto de la violencia sistemática hacia nuestros abuelos (sistema privado de pensiones), hacia las mujeres (sistema machista y discriminador), hacia los jóvenes y sus familias (sistema lucrativo que instala la educación, la salud y la vivienda como mercancías, y no como derechos), etc. En definitiva, un sistema privatizador con una infinidad de prácticas y discursos cotidianos de violencia que hoy nos hacen estallar y ver el problema de origen: cómo reproducimos nuestra vida.
Este momento histórico nos sumerge en una imagen de represión que no es nueva; nos hace recordar una latinoamérica que ya se desmoronaba y se quebraba entre las décadas de 1960 y 1980. Entonces conocimos un contexto similar, de militares y dictadores que tomaban el control de las vidas intentando acabar con los proyectos democratizadores socialistas por medio del ensañamiento político, la persecución, las detenciones injustas, la tortura y la desaparición. Como bien decía Roberto Bolaño cuando analizaba la situación de su generación —los nacidos en los cincuenta—, los jóvenes de esa época fueron los que entregaron lo poco que tenían y que, en definitiva, era muchísimo: entregaron su juventud.
Esta imagen inevitablemente nos transforma la mirada, la vuelve una mirada introspectiva que hurga en la memoria de las generaciones que fueron silenciadas por las fuerzas cívico-militares de latinoamérica, al mismo tiempo que nos alienta, porque nos recuerda también una historia de luchas y organizaciones de la gente común. Nos posiciona desde lo personal, lo afectivo y lo político. Nos hace reaccionar a una realidad que presiona por cambios, que no ha sido particular y tampoco atípica en espacio-tiempo, sino más bien compartida, geográfica e históricamente, por nuestra región.
La memoria de Chile nos entrega por estos días la fuerza y la posibilidad de replantear la dignidad de la vida. Es una coyuntura que nos muestra un proyecto político descarnado que no da más de precariedad, y donde ya no bastan las cifras estables en la economía porque se aboga por un salto cualitativo en la política desde lo cotidiano, lo local; no desde la mirada de “técnicos-expertos” y desde la centralización del poder.
La mirada desde la memoria nos entrega la fuerza para decir que hoy no tenemos miedo porque no estamos solos(as): nos identificamos con nuestras madres y nuestros padres, quienes durante 17 años vivieron en dictadura. Nos identificamos con los jóvenes desaparecidos, a quienes se pretendió borrar de la historia. Solidarizamos con nuestros pueblos indígenas, deslegitimados en sus luchas. Con los movilizados y los caídos. Esta vez somos millones de personas dentro y fuera de Chile que nos alzamos contra un Estado homicida, repudiamos las violaciones a los derechos humanos y exigimos justicia por las cifras (preliminares) de la militarización en Chile y la fragilidad de nuestra democracia (**): 18 querellas por violencia sexual por parte de agentes del Estado, más de cuatro mil detenciones y más de 1.500 personas heridas en hospitales.
Lo que hemos visto durante estas dos semanas de marchas y solidaridad en las calles nos hace avanzar en torno a dimensiones cruciales, como la justicia y los compromisos políticos. Nos hace pensar nuevos escenarios de justicia: acusación constitucional o destitución presidencial, apertura de causas judiciales por violaciones a los derechos humanos ejecutadas por agentes del Estado y, sobre todo, la materialización de aquello que por mucho tiempo hemos creído una utopía, construir una nueva Constitución por medio de asambleas y cabildos populares. La memoria más viva que nunca nos tiene que llevar a no repetir los mismos escenarios de siempre, herencia de la dictadura, y construir la vida digna que nos merecemos.
(*) Socióloga (UdeC), Magíster en Hábitat Residencial (UCh) y doctorante en Geografía (UNAM).
(**) Reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), actualizado el 1 de noviembre de 2019.