El acceso garantizado al agua, una demanda clave durante el estallido social de 2019, hoy es un ítem ineludible en la Convención Constitucional chilena. La escasez hídrica, el déficit de infraestructura sanitaria y la institucionalidad actual, atada al Código de Aguas, constituyen un problema que ha originado, entre otros fenómenos, la migración forzada del campo a la ciudad.