Por Nicolás Lazo Jerez (*) | Foto principal: Kena Lorenzini
Podría decirse que todo comenzó con una hernia lumbar. El domingo 11 de octubre de 1998, la prensa de la época daba cuenta de un comunicado oficial según el cual Augusto Pinochet, dictador en Chile entre 1973 y 1990, se recuperaba “satisfactoriamente de la intervención quirúrgica a que fue sometido el viernes por la tarde en Inglaterra”. Hasta ese momento, nada hacía vaticinar lo que vendría. Excepto un infructuoso llamado de Amnistía Internacional para detener a Pinochet por su vínculo con violaciones a los derechos humanos, las circunstancias parecían más bien rutinarias.
Sin embargo, hubo un vuelco. Apenas una semana más tarde, el sábado 17 y el domingo 18, la comunidad internacional se sorprendería ante la noticia de que el ex Comandante en Jefe del Ejército chileno estaba retenido en Londres debido a la solicitud de dos jueces españoles, acogida por la justicia inglesa, de interrogarlo por su implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, apremios ilegítimos y desaparición de personas.
“Dada su condición de senador de la República, lo que ocurrió estaba fuera de toda legalidad”, afirma el diputado Ignacio Urrutia (UDI), férreo defensor de Pinochet y de la dictadura cívico–militar que este último encabezó. Aún así, el nombre de ambos jueces sería recordado hasta hoy: Manuel García Castellón y Baltazar Garzón.
El efecto London Clinic
Como cabía esperar, los hechos suscitaron una profunda controversia en Chile. De paso, llegaron incluso a remecer el escenario periodístico nacional. Un mes después de la inesperada detención, apareció en los quioscos The Clinic, el periódico satírico aún en circulación cuyo nombre alude al centro de salud donde el General Pinochet se encontraba ingresado entonces. En su primera portada, fechada el 23 de noviembre de ese año, The Clinic jugó con la idea de asignar a uno de los jueces el rol de un auténtico rockstar: “Garzón viene a Chile. ¡A acicalarse, chiquillas!”.
Para el diputado Urrutia, eso sí, la detención de Pinochet “tuvo mucho revuelo entre quienes estaban a favor y en contra, pero después pasó”. Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos y diputado del Partido Comunista, coincide en este punto, aunque por razones distintas. Para él, esa controversia se diluyó debido a que “hoy el pinochetismo es todo, está transfigurado en la institucionalidad y en el sistema económico neoliberal”.
Francisca Camplá, cientista político de la Universidad Católica, sostiene en cambio que, “si bien no se hizo justicia desde un punto de vista penal, como exigía la abundante evidencia contra Pinochet”, su detención en Inglaterra “al menos lo expuso como nunca antes al escrutinio y a la condena de la opinión pública alrededor del mundo”.
La herencia
Pese a su manifiesta distancia ideológica, Hugo Gutiérrez e Ignacio Urrutia están de acuerdo en algo más: los otrora seguidores que con el tiempo se desmarcaron del círculo de Augusto Pinochet no obedecerían necesariamente a una motivación genuina, sino, por el contrario, a una conveniencia circunstancial.
“Se trata de una performance para poder aspirar a otros cargos políticos”, sentencia Gutiérrez. Y agrega: “Personalmente, no les creo”. Por su parte, el parlamentario UDI califica dicha distancia como “puro oportunismo y cobardía”. Entre esas personas, dice, “no solo hay partidarios, sino también gente que colaboró y se hizo rica” durante el régimen.
La politóloga de la Universidad Católica, en tanto, señala que “ciertamente, aún hay voces que apoyan la dictadura, lo que no impide la existencia de actores políticos que puedan reflexionar al respecto de manera más honesta”. Uno de ellos, plantea, podría ser el actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
Más allá de la dimensión política, el contexto parece mostrar que la herencia del pinochetismo se mantiene vigente en la esfera social. Así lo advierte Hugo Gutiérrez, quien identifica la supervivencia de “una cultura neofascista” en virtud de la cual “hay personas que se creen superiores a otras”. El diputado Urrutia, por otro lado, subraya: “Existe un grupo importante de gente que, ante la delincuencia, se acuerda del orden que había durante el Gobierno Militar”.
Para Francisca Camplá, esa herencia se traduce, además, en las actuales estructuras de ordenamiento urbano. “Junto con el modelo económico que hoy impera, el impacto sociológico de la dictadura también se expresa en una aguda segregación habitacional, la que, a su vez, tiene su correlato en la educación a la que acceden los niños y jóvenes”, explica.
Dos décadas después del arresto y posterior desafuero de Pinochet, y a más de 10 años tras su muerte, la influencia del exsenador vitalicio, así como del período opresivo que encabezó, se niegan a desaparecer.
(*) Licenciado en Lengua y Literatura (UAH), Diplomado en Edición y Publicaciones y Magíster en Periodismo (PUC).