Por Hernán Orozco Ramos (*) | Foto principal: Alexander Hanssen
Este año Chile comenzó el proceso de construcción de una nueva constitución política, por primera vez en la historia de manera democrática. En medio de este proceso se consolida la preocupación por los temas territoriales, urbanos y de vivienda, muchas veces considerados por el mundo político-económico y la elite como problemas secundarios, como desequilibrios de oferta y demanda en los cuales el Estado debía intervenir tímidamente con subsidios y focalización.
Sin embargo, para los chilenos y chilenas estos problemas no son nuevos ni corresponden a un descubrimiento del estallido social de 2019. Se trata de sufrimientos que han llevado en la piel, día a día, por mucho tiempo. Se sufre en cada intoxicación en zonas de sacrifico ambiental, en cada territorio ancestral depredado por empresas extractivistas, en cada vivienda social que se inunda con las lluvias, en cada campamento sin agua potable, en cada barrio sin equipamiento público o áreas de recreación, en cada larga y peligrosa caminata para acceder al transporte, en cada hora perdida en largos viajes para acceder a oportunidades laborales, en cada abuso a un arrendatario migrante, en cada vivienda de tamaño mínimo y altísimo precio hecha para la especulación y única posibilidad para las familias jóvenes. Se podrían dar cientos de ejemplos más, pero no es la idea central de esta columna.
Todas estas situaciones son consecuencias directas o indirectas de la Constitución de 1980. Quizás ese es el descubrimiento de la mayoría. La privatización de los derechos sociales, el centralismo, la explotación intensiva de los recursos naturales, la desregulación de los mercados de suelo y vivienda, y una ciudad pensada para la extracción de rentas inmobiliarias y no para dar dignidad a las personas, son la herencia de medio siglo de modelo socioeconómico neoliberal impuesto a sangre y fuego.
En este marco algo deprimente, el proceso constituyente abre una posibilidad para cambiar el rumbo de las ciudades chilenas, o por lo menos para establecer un nuevo pacto que proponga una nueva dirección en la que avanzar en las siguientes décadas. La pregunta que surge es: ¿hacia dónde emprender este nuevo camino? Varios conceptos intentan responderla, y vale la pena nombrar aquellos que parecen tener la fuerza suficiente para lograr avances y consensos. Los nuevos territorios chilenos deberán ser justos, feministas, sustentables y democráticos [1]. Esto incluye a las ciudades.
Una ciudad justa debe dejar de ser un significante vacío, lo que implica conceptualizar la justicia en la ciudad desde un enfoque de ética aplicada humanista y contemporáneo. Uno de ellos podría ser el “enfoque de capacidades” [2], que se concentra en discutir las capacidades de ser o hacer de las personas como factor determinante de su dignidad y libertad. Esta propuesta, alejada del utilitarismo, reconoce la diversidad de capacidades y expone la injusticia de las exclusiones de cualquier tipo. Asimismo, pone en cuestión las perspectivas economicistas del desarrollo y genera una ética comunitaria en lugar de una individualista, protegiendo así a los habitantes de la ciudad de tener que sacrificar la calidad de vida urbana para obtener ganancias económicas y subsistir.
Una ciudad feminista implicará rediseñar espacios hechos para maximizar la reproducción del capital y que nunca consideraron importantes las tareas de reproducción social, los cuidados o la seguridad de todas las personas. Lo anterior pasa por integrar en el espacio urbano; localizar a distancias abarcables y socializar servicios de educación, salud, cuidados, entre otros derechos; y construir espacios seguros para niñas, mujeres y toda comunidad discriminada. Por admiración a las mujeres que han estado trabajando en este tema, no profundizaré y me comprometo a contactar a la editorial de esta revista con organizaciones que puedan contribuir en el futuro a desarrollar el concepto en extenso, pues vale la pena.
Una ciudad sustentable no solo debe reconocer el derecho a vivir en un ambiente sano, sino también garantizar el buen vivir de todas las personas y seres vivos que componen el ecosistema presente en el territorio nacional. Ello implica un cambio radical en el modelo de desarrollo económico, hoy basado en la extracción intensiva y la mitigación de impactos. Es decir, se necesita construir un modelo de desarrollo social que tenga como principios la conservación, preservación y regeneración de la naturaleza y de las comunidades. Asimismo, se debe pasar de un sistema de comodificación —volver un commodity— de los recursos naturales a uno que los considere bienes comunes, especialmente en el caso de recursos sensibles para la vida digna, como el agua o el suelo.
Una ciudad democrática requiere una nueva institucionalidad y nuevas formas de tomar decisiones, capaces de distribuir el poder que hoy está concentrado en muy pocos. Para profundizar la democratización es urgente un nuevo equilibrio entre ciudadanía, mercado y Estado —una nueva gobernanza— que nos permita vivir armónicamente, encontrar soluciones justas a los conflictos propios de vivir en colectivo y organizarnos para enfrentar los desafíos del futuro, que no son pocos. Formación ciudadana, más y mejores procesos de participación en la planificación, descentralización y poder real en los gobiernos locales son algunas claves para una nueva estructura territorial democrática.
Finalmente, cabe mencionar que todas estas propuestas pasan por una cuestión central: una nueva constitución debe eliminar este modelo que pone a la propiedad privada por sobre el resto de los derechos sociales, humanos y reproductivos, construyendo una nueva sociedad que priorice la función social y ambiental de ese derecho a la propiedad.
[1] Ver Ciudad Constituyente (2021). Diagnósticos y propuestas para un habitar digno en la nueva constitución. Disponible aquí.
[2] Ver Nussbaum, M. (2007). Las fronteras de la justicia: consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: Paidós.
(*) Arquitecto, Magíster en Urbanismo (UCh) y PhD (c) en Arquitectura y Estudios Urbanos (PUC). Director de la Corporación Ciudad Común.